Washington — El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó argumentos sobre la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a migrantes de Haití y Siria. La medida es parte de una ofensiva más amplia de la Casa Blanca contra la inmigración.
Varios jueces conservadores parecían favorecer la posición del gobierno, que argumenta que la ley impide a los tribunales revisar decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre el TPS. El resultado podría depender de los votos del presidente del tribunal, John Roberts, y de la jueza Amy Coney Barrett.
El Departamento de Justicia sostiene que el secretario de Seguridad Nacional tiene autoridad absoluta para cancelar el programa. Sin embargo, los abogados de los migrantes alegan que el gobierno no cumplió con los procedimientos requeridos y que la corte sí puede evaluar si actuó conforme a la ley.
Desde enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional ha eliminado protecciones para 13 países. Según Sejal Zota, de Just Futures Law, la decisión es “una cuestión de vida o muerte”, pues muchos deportados enfrentan violencia extrema al regresar. Los abogados citaron el caso de cuatro mujeres haitianas deportadas que fueron asesinadas meses después en su país.
Los tribunales de Nueva York y Washington, D. C., habían bloqueado la terminación del programa. Uno de los jueces concluyó que posibles prejuicios raciales influyeron en la decisión de suprimir las protecciones para los haitianos. Durante su campaña de 2024, Trump difundió rumores sin fundamento sobre migrantes haitianos.
Barrett, quien tiene dos hijos adoptados en Haití, planteó preguntas sobre la intervención judicial posible en el proceso. Roberts advirtió que el gobierno podría estar pidiendo una ampliación de precedentes previos.
Se espera que la corte emita su decisión en verano, lo que podría afectar a unos 1.3 millones de migrantes de 17 países amparados por el TPS. Aunque el fallo no sería definitivo, influiría en los casos pendientes.
El programa fue creado para ofrecer protección temporal a personas que no pueden regresar a sus países por guerra o desastres naturales. Siria fue incluida en 2012, mientras que Haití lo fue en 2010 tras el devastador terremoto y la posterior crisis de violencia de pandillas.
Maryse Balthazar, una haitiana residente desde el terremoto, teme perder su estatus y su empleo como asistente de enfermería. “Estaría sin hogar”, dijo. “Tengo miedo… es un temor con el que todos vivimos”.
El Tribunal Supremo también tiene ante sí otros casos migratorios impulsados por Trump, como su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento y reimponer diversas limitaciones al asilo.
