Una corte de apelaciones en Atlanta declaró inválida una política del gobierno del presidente Donald Trump que niega la posibilidad de fianza a personas en procesos migratorios. El fallo, emitido por el Tribunal Federal de Apelaciones del 11º Circuito con una votación de 2-1, profundiza la división entre los distintos circuitos sobre si el gobierno puede mantener detenidos indefinidamente a migrantes mientras se resuelven sus casos.
El panel estuvo integrado por los jueces Stanley Marcus, designado por el expresidente Bill Clinton; Robin Rosenbaum, nombrada por Barack Obama; y Barbara Lagoa, designada por Trump, quien disintió del fallo. Marcus y Rosenbaum concluyeron que el lenguaje de la ley federal no da al Poder Ejecutivo autoridad ilimitada para detener sin fianza a extranjeros que ya están dentro del país. “El Congreso ha preservado la distinción histórica entre frontera e interior para fines de detención”, escribieron.
La política en disputa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, eliminó las audiencias de fianza para detenidos de inmigración, incluso aquellos que residían desde años atrás en Estados Unidos y carecían de antecedentes penales. Anteriormente, la mayoría de estos migrantes podía solicitar una audiencia ante un juez de inmigración si no representaban riesgo de fuga.
El caso se originó con dos hombres mexicanos arrestados durante paradas de tráfico en Florida, quienes fueron puestos en proceso de deportación. Con este fallo, el 11º Circuito se suma al 2º Circuito de Nueva York, que en abril también rechazó la medida, mientras los circuitos 5º y 8º la habían avalado. Un panel del 7º Circuito mostró posturas divididas esta semana, lo que podría llevar al Tribunal Supremo de Estados Unidos a intervenir para resolver el desacuerdo.
En su voto disidente, la jueza Lagoa argumentó que “los extranjeros presentes ilegalmente son solicitantes de admisión conforme a la disposición de presunción”, por lo que el gobierno puede mantenerlos detenidos sin fianza.
Abogados del gobierno de Trump defienden la política con base en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996. Sin embargo, otra ley permite que quienes ya viven en el país puedan pedir fianza mientras sus casos avanzan.
Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), había declarado que todos los inmigrantes en proceso de deportación serían tratados igual que los recién llegados. Pero la política ha generado un aluvión de más de 30,000 recursos de hábeas corpus, mientras personas detenidas sin opción de fianza buscan su liberación. El creciente número de querellas está saturando a los tribunales federales.
La decisión del 11º Circuito se suma a las batallas judiciales que definen el alcance del poder ejecutivo en materia migratoria y podría terminar en el máximo foro judicial del país.
