Tras insistir durante tres semanas en que el caso estaba cerrado, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, abrió este jueves la posibilidad de reabrir la pesquisa contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, al considerar que podría existir evidencia nueva no evaluada previamente por la agencia.
La funcionaria reaccionó así a una solicitud del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, y otros senadores, quienes presentaron documentos, entre ellos una demanda de la empresa One Source Investigations —contratada por Roig Fuertes— y cartas que formaban parte del referido del Departamento de Salud a Justicia en marzo de 2022, pero que no estaban en el expediente analizado al momento de archivarse el caso en octubre pasado.
Gómez Torres indicó en entrevista con Telenoticias que citaría a los senadores Hernández Ortiz, José “Josian” Santiago y José Luis Dalmau “para escuchar la prueba que ellos tienen y determinar si se reabrirá la investigación o no”.
La gobernadora Jenniffer González, por su parte, respaldó que la decisión corresponde al Departamento de Justicia. Sin embargo, Hernández Ortiz anunció que no asistirá a la citación pautada para el próximo martes, al argumentar que “es contraria a derecho” y que los legisladores no son testigos, sino funcionarios cumpliendo su deber.
El PPD convocó a Gómez Torres a una reunión legislativa el lunes para discutir detalles del caso. “A nosotros no se nos puede convertir en testigos y mucho menos a quienes refieren posibles actos de corrupción”, afirmó Hernández Ortiz.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó apoyo a la delegación popular y compartió en sus redes sociales una copia de la citación firmada por la fiscal auxiliar Melitza Osorio Santiago, quien cerró la investigación el 30 de octubre de 2025, cuando Roig Fuertes ya era secretaria de la Familia. Ese mismo día, Osorio Santiago fue nominada a un ascenso por la gobernadora, el cual obtuvo en noviembre.
Rivera Schatz advirtió que “la respuesta no puede ser convertir a los senadores en tarjeta de investigación” y sostuvo que, de ser necesario, defenderá en los tribunales a los legisladores de minoría.
Más tarde, Justicia emitió un comunicado en el que Gómez Torres defendió el deber investigativo de la agencia y rechazó que se trate de persecución política. “Cuando una delegación legislativa o ciudadano solicita reabrir una investigación alegando nueva prueba, el Departamento tiene la obligación legal y ética de evaluarla. Citar a los proponentes como testigos es parte del proceso”, señaló.
El caso contra Roig Fuertes surgió tras revelarse, en el programa Rayos X (Telemundo), que en 2021 ella habría otorgado un contrato de $60,000 mensuales al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante, condicionado presuntamente a subcontratar a One Source Investigations, empresa vinculada a un allegado.
Hernández Ortiz opinó que el expediente debió remitirse a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei), dado que Roig Fuertes es una secretaria en funciones. Dijo haber consultado con la presidenta del ente, Ygrí Rivera, quien respondió que no puede emitir opiniones consultivas. El portavoz popular adelantó que insistirá en que Justicia reabra el caso y pedirá a Rivera Schatz que lo refiera a la Opfei.
