Corpus Christi — El primer día de testimonios en el juicio contra el exoficial de la policía escolar Adrian Gonzales estuvo marcado por la emoción y el dolor de las familias de las víctimas de la masacre en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas. Entre sollozos, escucharon en la corte las llamadas frenéticas al 9-1-1 durante el ataque ocurrido en 2022.
Según la acusación, Gonzales llegó a la escuela antes de que el agresor adolescente entrara, pero no intentó detenerlo, aun cuando un maestro le indicó el lugar desde donde se efectuaban los disparos. “El agente entró en la Robb Elementary solo cuando el daño ya estaba hecho”, dijo el fiscal especial Bill Turner ante el jurado.
El juez advirtió que los testimonios y las imágenes serían particularmente difíciles. Se distribuyeron cajas de pañuelos en la sala, mientras los asistentes escuchaban las grabaciones del día del ataque.
La defensa sostuvo que Gonzales sí actuó, solicitando ayuda por radio y evacuando a varios estudiantes. “El gobierno hace que parezca que él simplemente se sentó allí. Hizo lo que pudo, con lo que sabía en ese momento”, dijo el abogado Nico LaHood. Su colega, Jason Goss, añadió que el acusado evaluaba la situación bajo fuego y sin protección contra un rifle de alto poder.
Gonzales, uno de los dos agentes acusados por su respuesta, se declaró no culpable de abandono o puesta en peligro de menores. Enfrenta hasta dos años de cárcel si es hallado culpable. El otro acusado es el exjefe de la Policía Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, cuyo juicio aún no tiene fecha.
El fiscal Turner subrayó que Gonzales tenía amplia formación en situaciones con tiradores activos y lamentó que esperara fuera mientras los niños y maestros dentro de las aulas se escondían y tomaban unas tijeras para defenderse. “Cuando un niño llama al 9-1-1, tenemos derecho a esperar una respuesta”, afirmó emocionado.
Algunas familias cuestionaron por qué solo él y Arredondo fueron acusados, cuando casi 400 agentes locales, estatales y federales acudieron a la escuela y esperaron 77 minutos antes de neutralizar al tirador, Salvador Ramos. “Podía haberlo detenido, pero no quería ser el objetivo”, dijo Velma Lisa Durán, hermana de la maestra Irma García, una de las 21 víctimas.
Las investigaciones posteriores revelaron graves fallos en la coordinación, comunicación y liderazgo de las fuerzas de seguridad. La defensa, por su parte, argumentó que la culpa era compartida y que la fiscalía intenta apelar a la emoción del jurado. “El monstruo que hizo daño a estos niños está muerto”, dijo Goss.
El caso representa uno de los pocos procesos penales en Estados Unidos contra un agente por no intervenir durante un tiroteo escolar. Un precedente similar en Florida terminó con la absolución del acusado tras la masacre de Parkland en 2018.
El juicio continuará el jueves con nuevos testimonios de familiares y testigos.
