Con el fin de prevenir la corrupción y asegurar que las decisiones gubernamentales respondan al interés público, el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Juan Oscar Morales, presentó el Proyecto del Senado 1190, una medida que busca fortalecer las regulaciones sobre la práctica del cabildeo en el gobierno de Puerto Rico.
Según la exposición de motivos, la propuesta persigue “fortalecer la transparencia gubernamental, prevenir la corrupción, proteger la integridad institucional y garantizar que el proceso decisional del Estado responda al interés público y no a influencias indebidas”. Morales explicó que la legislación impondría al Departamento de Justicia la obligación de verificar el cumplimiento de los criterios éticos y requisitos antes de autorizar la inscripción de cualquier cabildero.
Actualmente, la Orden Ejecutiva 2019-031 regula el Registro de Cabilderos ante el Gobierno de Puerto Rico. Este registro requiere que los cabilderos incluyan en su declaración jurada los clientes que representan ante el Estado y sus vínculos empresariales. También deben certificar que no han trabajado o asesorado sobre el asunto en cuestión durante los dos años previos.
“Es momento de cerrar las puertas a la influencia desmedida y asegurar que cada interacción entre el sector privado y el público sea transparente y fiscalizable”, expresó Morales, al advertir que el acceso al poder no puede depender de la capacidad económica.
El proyecto establece requisitos específicos para el ejercicio del cabildeo, incluyendo criterios de elegibilidad, normas éticas, divulgación de información y sanciones. Además, propone un “período de enfriamiento” de cuatro años para toda persona que haya ocupado un puesto en las ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Municipal o en agencias federales en Puerto Rico, durante el cual no podría ejercer como cabildero. Esta prohibición se extendería también al cónyuge de la persona, para evitar que se utilicen vínculos familiares como medio de influencia.
Morales reconoció que la medida responde, en parte, a la controversia que surgió en la Comisión Total tras conocerse información relacionada con el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, quien también es propietario de la firma de cabildeo Politank. Durante esa audiencia, Domenech afirmó haber establecido mecanismos para inhibirse de la evaluación de contratos relacionados con clientes de su firma, aunque admitió que no existe documento alguno que detalla ese proceso.
El senador señaló, además, que el Registro de Cabilderos, creado bajo la Orden Ejecutiva 2019-031, no estaba debidamente actualizado, al mostrar información vigente solo hasta el 6 de abril. “Me parece necesario fortalecer la transparencia gubernamental, prevenir actos de corrupción y garantizar que las decisiones del gobierno beneficien al pueblo”, reiteró.
La medida establece que quienes incumplan con las disposiciones podrían enfrentar multas de hasta $100,000 o la inhabilitación permanente para ejercer el cabildeo en Puerto Rico.
