Washington — Los abogados del presidente Donald Trump mantienen conversaciones con el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) para resolver una demanda de $10,000 millones presentada por el mandatario contra la agencia, a la que acusa de filtrar su información fiscal a medios entre 2018 y 2020.
En una moción presentada ante un tribunal federal, Trump pidió que se suspenda el caso durante 90 días mientras las partes intentan alcanzar un acuerdo. “Esta pausa limitada no perjudicará a las partes ni retrasará la resolución final”, indica el documento, añadiendo que el aplazamiento permitirá explorar vías para resolver el conflicto de forma eficiente.
Expertos en temas tributarios y éticos advierten que la querella plantea serias interrogantes legales y morales, al involucrar al jefe del poder ejecutivo en una batalla judicial contra la institución que supervisa.
La demanda fue presentada a inicios de este año en un tribunal federal de Florida. En ella, Trump alegó que la divulgación de sus registros fiscales, así como los de la Organización Trump, causó “daños a la reputación y financieros, vergüenza pública” y afectó negativamente su imagen empresarial y la de sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, quienes también figuran como demandantes.
El caso surge después de que el excontratista del IRS Charles Edward Littlejohn, residente en Washington D.C. y empleado de Booz Allen Hamilton, fuera sentenciado en 2024 a cinco años de prisión por filtrar datos fiscales de Trump y otras personas entre 2018 y 2020 a dos medios. Aunque estos no fueron identificados en la acusación, los detalles coinciden con reportajes de The New York Times y la organización ProPublica. En 2020, el diario reveló que Trump pagó solo $750 en impuestos federales sobre la renta el año que asumió la presidencia, y ninguno en otros, gracias a pérdidas declaradas.
Consultado en febrero sobre los posibles beneficios de la demanda, Trump comentó que los daños podrían destinarse a causas benéficas. “Podríamos hacer que fuera una cantidad considerable. A nadie le importaría porque se destinaría a numerosas organizaciones benéficas muy buenas”, dijo.
Varios grupos de ética han impugnado la querella, alegando conflictos de interés por parte del presidente al demandar a su propia administración.
