La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida que prohíbe la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en las campañas políticas de Puerto Rico. La Ley 53-2026, antes el Proyecto de Administración 95 (Proyecto del Senado 920), enmienda la Ley 222-2011 para fortalecer la fiscalización del financiamiento político en la isla.
El proyecto fue presentado el 12 de enero, cuando aún estaba pendiente el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, relacionado con una aportación de campaña prometida por el banquero venezolano Julio Herrera Velutini. La acusación también incluyó al exagente federal Mark Rossini. Aunque la Fiscalía federal recomendaba un año de prisión, tanto Vázquez Garced como Herrera Velutini y Rossini evitaron cumplir pena tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia federal y recibir el perdón presidencial de Donald Trump.
Según un comunicado de La Fortaleza, la nueva ley busca actualizar el marco local sobre financiamiento político “en aras de aclarar el vacío del caso Citizens United v. Federal Election Commission”. Además, refuerza las funciones de la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y otras entidades para mejorar la coordinación en la fiscalización de fondos y evitar duplicidad de esfuerzos.
El estatuto establece que ninguna persona jurídica extranjera, ni directamente ni a través de subsidiarias, podrá realizar donativos, organizar comités de acción política ni participar en el financiamiento de campañas. Esta prohibición aplica incluso si la entidad mantiene operaciones en Puerto Rico. Por otro lado, las personas jurídicas organizadas en Puerto Rico o en Estados Unidos podrán crear comités de fondos segregados, siempre que estén registrados ante la Oficina del Contralor Electoral.
Los empleados y familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad de esas corporaciones podrán aportar de forma individual a través de las cuentas autorizadas por la ley. Sin embargo, las entidades extranjeras quedan totalmente excluidas de cualquier tipo de participación económica en el proceso electoral.
En el mismo acto, González Colón también firmó la Ley 52-2026, que crea la “Ley de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos y Propiedad Pública”. Esta medida establece un sistema digitalizado para reportar al Contralor de Puerto Rico cualquier pérdida o irregularidad en el uso de fondos o bienes públicos. De acuerdo con datos de La Fortaleza, en la última década el gobierno ha perdido más de $4.2 millones por propiedad extraviada o mal manejada por 81 entidades que incumplieron con la notificación reglamentaria.
“La nueva ley fortalece la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos”, enfatizó el comunicado del gobierno.
