ST. PAUL, Minnesota – Casi un año después del asesinato de la representante Melissa Hortman, líder demócrata en la Cámara de Representantes de Minnesota, legisladores en todo Estados Unidos han implementado nuevas medidas para reforzar la seguridad en sus capitolios y proteger a los funcionarios en sus comunidades. El crimen, ocurrido en junio pasado, junto al homicidio en septiembre del activista conservador Charlie Kirk en Utah, desató una revisión sin precedentes de protocolos de seguridad.
En Minnesota, la mayoría de las puertas del Capitolio permanecen cerradas y los visitantes deben pasar por detectores de armas en múltiples puntos de control. “Es importante que podamos evitar que nuestro gobierno se desmorone si nuestros legisladores están bajo amenaza”, expresó la representante demócrata Julie Green, al sentarse frente al escritorio vacío de Hortman, adornado con rosas frescas y su retrato.
El aumento de la violencia política también se ha manifestado con ataques como el incendio en la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; el intento de asesinato contra Donald Trump en un mitin en 2024; y el ataque con martillo al esposo de Nancy Pelosi en 2022. Este contexto ha impulsado cambios legislativos: 25 estados, entre ellos Minnesota, permiten ahora el uso de fondos de campaña para seguridad personal. Alabama, Oregón, Nebraska y Utah se unieron a esa lista este año, y más de una docena de proyectos similares están en trámite.
A nivel federal, el gasto en seguridad de campañas parlamentarias y presidenciales se ha quintuplicado en la última década, superando los 40 millones de dólares en el ciclo 2023-2024, según la organización Public Service Alliance.
Los detectores de metales se han convertido en un símbolo de esta nueva normalidad. En Alaska se instalaron en su Capitolio el año pasado, mientras que en Wisconsin, el presidente de la Asamblea, Robin Vos, rechazó hacerlo para no “fortificar” el edificio. Actualmente, solo 11 capitolios estatales carecen de detectores.
En Minnesota, se evalúa crear una unidad especial dentro de la Patrulla Estatal para proteger a legisladores, al fiscal general, al secretario de Estado, al auditor estatal y a los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La propuesta fue impulsada por el senador demócrata John Hoffman, quien sobrevivió a un ataque la misma noche del homicidio de Hortman. “Es una respuesta necesaria que mantendrá a salvo a los funcionarios electos”, afirmó en audiencia.
Por otro lado, varios estados han comenzado a proteger los datos personales de sus funcionarios. En Dakota del Norte se discute una medida para mantener confidenciales las direcciones de los candidatos. Además, la Conferencia Nacional de Asambleas Legislativas Estatales creó un fondo de 1.5 millones de dólares para reembolsar gastos de seguridad fuera de los capitolios. Más de 30 estados ya han solicitado o planean solicitar esos fondos, informó la portavoz de la organización, Katie Ziegler.
Estas medidas reflejan una transformación profunda en la política estadounidense: un nuevo equilibrio entre apertura democrática y protección ante una ola de violencia que ha sacudido las bases de la vida pública.
