Orlando Rivera Alejandro se declaró culpable en el Tribunal federal de violar la Ley de Agua Limpia tras llevar a cabo construcciones y rellenos sin permiso en una propiedad del sector Las Mareas, en Salinas. El acuerdo fue confirmado por el jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, y el subprocurador general Adam Gustafson, de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia federal.
Según documentos judiciales, Rivera Alejandro depositó material de relleno en la laguna Mar Negro, dentro de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos (JBNERR). Entre enero de 2020 y marzo de 2022 levantó varias estructuras sobre el área rellenada, incluyendo un gazebo, una rampa de bote de concreto y un muelle. También colocó postes de PVC rellenos de concreto y vertió este material directamente en la laguna, todo sin los permisos requeridos.
El acuerdo de culpabilidad establece que el acusado deberá pagar una multa de $50,000, remover las estructuras construidas y restaurar el área para devolverla a su estado natural. Su vista de sentencia está pautada para el 1 de septiembre.
La Bahía de Jobos fue designada reserva en 1981 con el objetivo de proteger los humedales, estudiar los impactos biológicos en el ecosistema y fomentar la educación ambiental. Este espacio alberga especies en peligro de extinción como el pelícano pardo, el halcón peregrino, la tortuga carey y el manatí antillano.
La Ley de Agua Limpia, aprobada por el Congreso federal en 1972, busca salvaguardar la integridad de las aguas de los Estados Unidos y prohíbe descargas o rellenos sin permisos.
El caso de Rivera Alejandro forma parte de una investigación más amplia sobre la destrucción de humedales en Puerto Rico. Entre los sentenciados previamente figuran Luis Enrique Rodríguez Sánchez (junio de 2024), Awildo Jiménez Mercado, Rafael Carballo Díaz y Nathaniel Hernández Claudio (septiembre de 2024), además de Pedro Luis Bones Torres (marzo de 2025).
La pesquisa fue realizada por la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), como parte del Grupo de Trabajo sobre Delitos Ambientales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Los fiscales Patrick M. Duggan y Seth A. Erbe están a cargo del procesamiento del caso.
