La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, afirmó que la administración no tomará represalias contra los estudiantes que participen de manifestaciones, paros o huelgas en los portones de los recintos. No obstante, dejó abierta la posibilidad de recurrir a los tribunales si las protestas interrumpen las labores institucionales.
Durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la UPR, Jordán Conde respondió con un rotundo “no” a la pregunta de si habría sanciones contra los alumnos. Sin embargo, evitó comprometerse respecto a posibles acciones judiciales. “Esa es una pregunta que no puedo contestar porque no tengo datos sobre el futuro. Sería irresponsable de mi parte hacer un juicio sobre un posible incidente… no es posible juzgar una situación que no ha sucedido”, explicó.
Sus declaraciones se produjeron al cierre de la reunión de abril, tras ser cuestionada por representantes claustrales y estudiantiles. Las manifestaciones han surgido como respuesta a reclamos de mayores recursos económicos para la UPR y al descontento por decisiones de la presidenta, entre ellas, la remoción de cinco rectores a finales de marzo.
Al menos cinco recintos han estado activos en paros y huelgas durante el último mes, y otros cuatro —Ciencias Médicas, Humacao, Ponce y Cayey— advirtieron que se unirán si Jordán Conde no es destituida al comenzar mayo. En la historia reciente, la UPR ha recurrido a los tribunales para reabrir sus recintos, y en 2010 el Tribunal Supremo determinó que los estudiantes no tienen un “derecho legítimo a la huelga”.
El representante estudiantil ante la Junta, Simonely Hidalgo, intentó obtener un compromiso formal de la presidenta, pero esta insistió en mantener abiertas todas las opciones. “No tengo interés alguno de hacer acusaciones que no tengan fundamento, pero si se cometen delitos, tengo la responsabilidad de llevarlos a causa”, afirmó.
Durante el mismo encuentro, la vicepresidenta de la Junta de Gobierno, Vanessa Santo Domingo, solicitó a Jordán Conde certificaciones de cada recinto que indiquen si han detenido sus labores por más de 72 horas. Tanto la presidenta como el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, Jonathan Muñoz Barreto, recordaron que una paralización prolongada podría afectar la elegibilidad de la UPR para ayudas federales como la beca Pell y también impactar el pago a empleados.
Previo a la reunión, un grupo de senadores claustrales acudió a la Administración Central para exigir la destitución de Jordán Conde y solicitó a la Junta una reunión formal. El presidente del organismo, Ricardo Dalmau Santana, confirmó la recepción del requerimiento y aseguró que se trabajará para “coordinar una reunión”.
Durante la sesión también se aprobaron tres nombramientos de rectores en propiedad: Lisette Marrero Valladares en Arecibo, Rochelli Martínez Vivas en Cayey y Edwin Mojica Rodríguez en Humacao. Además, se ratificaron cinco designaciones interinas en Aguadilla, Bayamón, Mayagüez, Ponce y Río Piedras, que ya ocupaban los puestos desde marzo.
