La primera audiencia del presidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos marcó el inicio de un proceso judicial que podría mantenerlo encarcelado por años. En el tribunal, Maduro insistió en que sigue siendo el presidente de Venezuela y calificó su captura como un secuestro.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron procesados en Nueva York por cargos de tráfico de drogas, días después de ser arrestados por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas durante una operación nocturna. Ambos se declararon inocentes. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump defendió la operación como una “acción quirúrgica de aplicación de la ley”. Su próxima cita ante el juez Alvin Hellerstein está fijada para el 17 de marzo.
Aunque podrían solicitar libertad bajo fianza, los abogados reconocen que las probabilidades son mínimas. Los fiscales argumentan que Maduro y Flores representan un riesgo de fuga debido a la gravedad de los cargos, que incluyen conspiración para cometer actos de narcoterrorismo y posesión de ametralladoras. Casos similares, como los de Manuel Noriega o Joaquín “El Chapo” Guzmán, no obtuvieron fianza.
Durante la audiencia, el abogado de Flores, Mark Donnelly, informó que su clienta sufrió “lesiones significativas” al ser capturada y necesita atención médica. El abogado de Maduro, Barry Pollack, añadió que su cliente también presenta condiciones de salud que requieren tratamiento. El juez instruyó a las autoridades a garantizar la atención adecuada en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde permanecen recluidos.
Maduro solicitó, a través de un intérprete, una visita consular para él y su esposa, aunque no está claro cómo podría llevarse a cabo, ya que Venezuela cerró su embajada y consulados en Estados Unidos en 2019. Además, ambos enfrentan dificultades financieras debido a sanciones que impiden que estadounidenses reciban dinero de ellos sin autorización del Departamento del Tesoro.
El presidente venezolano amplió su equipo legal con Bruce Fein, experto en derecho constitucional e internacional, quien sirvió como asistente del fiscal general adjunto durante la presidencia de Ronald Reagan. Su defensa prepara argumentos “sustanciales” sobre la validez del caso, alegando que Maduro, como jefe de Estado, goza de inmunidad soberana.
La fiscalía sostiene que Estados Unidos no lo reconoce como mandatario legítimo desde hace años, por lo que esa protección no sería aplicable. Esta controversia legal podría extenderse en los tribunales de apelación y determinar el rumbo del juicio más importante que enfrenta Maduro fuera de su país.
