Washington — El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos presentó el jueves una serie de medidas regulatorias destinadas a restringir la atención médica de afirmación de género para menores, retomando políticas impulsadas durante la administración de Donald Trump dirigidas a la población transgénero.
Las propuestas, descritas como las más amplias hasta la fecha en esta materia, incluyen cortar los fondos federales de Medicaid y Medicare a hospitales que ofrezcan tratamientos de afirmación de género a menores, y prohibir el uso de dinero federal de Medicaid para cubrir esos procedimientos. Con ello, el acceso a esos servicios en casi dos docenas de estados podría verse afectado, incluso donde todavía son legales y financiados por fondos federales y estatales.
Aunque más de la mitad de los estados ya han restringido o prohibido estos servicios, la nueva propuesta del gobierno amenaza con ampliar esa limitación a nivel nacional. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y su equipo, tienen previsto anunciar oficialmente las regulaciones, que aún no son definitivas. El proceso para hacerlas permanentes incluirá consultas públicas, revisión de documentos y posibles impugnaciones judiciales.
Expertos anticipan que las medidas podrían disuadir a hospitales y médicos de ofrecer este tipo de atención, incluso antes de que entren en vigor. Casi todas las instituciones médicas del país dependen de Medicare y Medicaid, los principales programas de salud federal para personas mayores, con discapacidades o de bajos recursos; perder su financiamiento pondría en riesgo su estabilidad financiera.
Las mismas restricciones se aplicarían al programa de salud infantil estatal, el State Children’s Health Insurance Program, según un aviso federal emitido el jueves.
El enfoque choca con las posturas de organizaciones médicas como la Asociación Médica Estadounidense, que ha pedido no limitar la atención para jóvenes con disforia de género. Actualmente, alrededor de la mitad de los estados cubren tratamientos de afirmación de género bajo Medicaid, mientras que al menos 27 estados han aprobado leyes que los limitan o prohíben. Tribunales federales ya declararon inconstitucionales las prohibiciones en Arkansas y Montana, aunque las disputas legales continúan.
Rodrigo Heng-Lehtinen, vicepresidente senior de The Trevor Project, calificó las medidas como “un mandato de talla única del gobierno federal” que interfiere con decisiones médicas entre profesionales y pacientes. “Los esfuerzos para despojar a jóvenes transgénero y no binarios del acceso a la atención que necesitan son profundamente preocupantes”, advirtió.
