Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue acusado de agresión por presuntamente apuntar con su arma a los ocupantes de un vehículo mientras conducía por una autopista en Minneapolis, informó la fiscalía de Minnesota.
Según una orden de arresto del condado de Hennepin, el agente identificado como Gregory Donnell Morgan Jr. enfrenta dos cargos de asalto agravado en segundo grado. Los fiscales afirmaron que el agente, quien trabajaba en la zona de Minneapolis, habría apuntado su arma hacia un automóvil en la carretera estatal 62 el 5 de febrero.
La fiscal Mary Moriarty indicó que este podría ser el primer caso criminal presentado contra un oficial federal de inmigración implicado en la represión impulsada por la administración Trump sobre la aplicación de las leyes migratorias en distintas ciudades del país.
Los documentos judiciales señalan que Morgan, de 35 años, conducía un vehículo alquilado sin distintivos oficiales y se encontraba acompañado por otro agente, quien no ha sido acusado. Durante el incidente, el agente habría manejado por el arcén y apuntado con su arma a un coche después de una maniobra de tráfico. Morgan argumentó ante un oficial estatal que gritó “Police Stop”, aunque las víctimas no pudieron oírlo por tener las ventanillas cerradas.
La fiscal Moriarty explicó que los actos de Morgan excedieron el ámbito de su autoridad y que su oficina perseguirá el cumplimiento de las leyes estatales sin excepción. “No existe inmunidad absoluta para los agentes federales que violan la ley en el estado de Minnesota”, subrayó.
En ese estado, el delito grave de agresión en segundo grado conlleva penas de hasta siete años de prisión, o hasta diez si se producen daños corporales sustanciales.
El caso ocurre en un contexto de tensiones entre la administración Trump y autoridades de Minnesota, tras una amplia operación federal de control migratorio que desplegó unos 3,000 agentes en el área de Minneapolis-St. Paul entre diciembre y febrero. Aquella ofensiva, descrita por el Departamento de Seguridad Nacional como “la mayor operación de control de la inmigración de su historia”, resultó en miles de arrestos, protestas masivas y dos muertes de ciudadanos estadounidenses.
Tras el operativo, Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y Gregory Bovino, jefe de sector de la Patrulla Fronteriza, anunció su retiro. En respuesta a las críticas, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, advirtió que el Departamento de Justicia podría procesar a funcionarios estatales o locales que intenten detener a agentes federales en el cumplimiento de sus deberes.
Moriarty, no obstante, insistió que su investigación busca aplicar justicia localmente: “Nuestro objetivo es responsabilizar a quienes violen las leyes del estado”, recalcó.
