Acusan a inspector de la Guardia Costera por presunto esquema ilegal de credenciales

El inspector Carlos Esteves Salinas enfrenta 36 cargos por corrupción vinculados a trámites de marinos mercantes en Puerto Rico.
Carlos Esteves Salinas fue arrestado el 14 de abril, confirmó la Fiscalía federal

Un gran jurado federal acusó el 30 de marzo a Carlos Esteves Salinas, inspector de la Guardia Costera de Estados Unidos, por presuntamente aceptar dinero de solicitantes de credenciales de marino mercante a cambio de gestionar sus trámites. Según la Fiscalía federal en Puerto Rico, encabezada por William Stephen Muldrow, la imputación provino de una investigación del Servicio de Investigación de la Guardia Costera, Región Sureste.

Esteves Salinas, quien se desempeñó como inspector marino y oficial verificador superior en el Sector San Juan, fue arrestado el 14 de abril. Enfrenta 36 cargos por un supuesto esquema de corrupción: doce por actividades ilícitas de funcionarios en reclamaciones contra el gobierno, doce por destrucción o falsificación de registros en investigaciones federales y otros doce por robo de identidad agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado actuó ilegalmente como agente de personas que intentaban obtener credenciales de marino mercante, falsificó documentos oficiales y cometió robo de identidad relacionado con dichas solicitudes. Los documentos judiciales señalan que aceptó pagos personales por ayudar a los solicitantes a completar y entregar formularios, realizando estas gestiones fuera de sus funciones oficiales y sin autorización de la Guardia Costera.

En al menos doce ocasiones, habría usado un sello médico falsificado y forjado la firma de un doctor para preparar certificados médicos requeridos. “Estos cargos ponen de relieve un grave desprecio por los deberes y estándares esperados de quienes ocupan posiciones de autoridad”, expresó Muldrow en el comunicado, y reafirmó el compromiso de la Fiscalía con la rendición de cuentas.

Si es hallado culpable, Esteves Salinas enfrenta una pena mínima obligatoria de dos años de prisión. El fiscal auxiliar especial de los Estados Unidos, Cody A. McKinney, de la Guardia Costera, está a cargo del caso. La Fiscalía recordó que la acusación formal constituye solo una alegación y que “el acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia”.

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