La Autoridad de los Puertos acudió al Tribunal de San Juan alegando que la empresa S2PR, encargada del escaneo de carga en el puerto de la capital, se negó a desalojar las instalaciones tras la cancelación del contrato en agosto y continúa facturando a las navieras por sus servicios.
En el recurso presentado, firmado por la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, la corporación pública sostuvo que “S2PR se rehúsa a cesar sus servicios y entregar las áreas que ocupa dentro de los predios de la Autoridad”, pese a no existir un contrato vigente. El documento solicita una orden de entredicho provisional y un “injunction” preliminar y permanente para que S2PR —subsidiaria de Rapiscan Systems— y sus subcontratistas detengan el escaneo de furgones y se suspendan los pagos hasta que se resuelva la controversia.
La demanda, de 32 páginas, expone el historial contractual entre Puertos y S2PR desde la firma original en diciembre de 2009, con múltiples enmiendas que modificaron el inicio de los trabajos. Según el documento, el contrato debía anularse en diciembre de 2011 cuando Puertos incumplió con la entrega de los lugares de escaneo, o en todo caso expiró el 11 de agosto de 2023 al vencer el periodo pactado de 11 años y nueve meses, más siete meses de transición.
En agosto, la gobernadora Jenniffer González anunció la cancelación del pacto, indicando que el Estado había desembolsado cerca de $168 millones a la compañía sin que hubiera referidos por irregularidades en las importaciones. Aun así, Puertos señala que el pasado 25 de agosto se le notificó al presidente de S2PR, Jonathan Fleming, el cese de operaciones en 90 días, pero la empresa “continúa rehusando cesar operaciones y retirar sus equipos”.
La corporación argumenta que la continuidad de las operaciones y los cobros a las empresas importadoras han causado un aumento en los costos para los consumidores, en perjuicio del interés público. Además, señala que días después de la notificación, S2PR alegó que se trataba de una “terminación por conveniencia”, buscando activar una cláusula de pago adicional. En su comunicación, la empresa indicó que seguiría proveyendo los servicios de escaneo hasta recibir los pagos reclamados, a pesar de la orden de cese. La demanda añade que el contrato original contenía cláusulas “leoninas”, que permitían pagos incluso cuando la compañía no realizaba ninguna inspección de furgones.
