La Cámara de Representantes aprobó este jueves el Proyecto del Senado 777, pero excluyó del texto definitivo la disposición que habría permitido a los alcaldes solicitar aumentos salariales ante sus legislaturas municipales, como contemplaba la versión original.
El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Luis “Junior” Pérez, explicó que “una de las enmiendas más importantes fue la eliminación total de la sección que alteraba la fórmula de salario de los señores y las señoras alcaldesas. Esa determinación respondió tanto a consideraciones de prudencia fiscal como a los señalamientos levantados durante el análisis de la medida”.
La legislación fue presentada por el presidente Thomas Rivera Schatz, a petición de la Federación de Alcaldes, y proponía trasladar a las legislaturas municipales la facultad de ajustar los sueldos de los alcaldes según 10 criterios de productividad.
El proyecto obtuvo 31 votos a favor y 17 en contra. Tras su aprobación con enmiendas, regresó al Senado para su evaluación.
Actualmente, los salarios de los alcaldes se rigen por escalas que oscilan entre $6,000 mensuales para los municipios de 35,000 a 45,000 habitantes y $9,500 mensuales para los de más de 300,000. No obstante, algunos alcaldes aún perciben sueldos superiores debido a acuerdos previos cuando las legislaturas municipales podían fijar la compensación.
Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la estructura salarial propuesta habría representado un impacto anual de $1.3 millones para las finanzas municipales entre 2026 y 2030. Tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes favorecieron la revisión.
La medida también otorga a los alcaldes facultades para contratar servicios técnicos y tecnológicos, amplía sus poderes para adquirir o expropiar propiedades declaradas estorbo público y elimina algunas consultas obligatorias a la Junta de Planificación.
Además, autoriza la creación de la Oficina de Auditoría Interna, cuyo costo anual por municipio se calculó en $47,495, de acuerdo con la OPAL.
Pérez sostuvo que las modificaciones fortalecen el proyecto al “perfeccionar el andamiaje legal municipal y ubicarlo a la altura de los retos que enfrentan las administraciones”, al tiempo que armoniza disposiciones del Código Municipal sobre expropiaciones y compensaciones.
En cuanto a las solicitudes de expropiación, el término judicial original de 48 horas se extendió a cinco días, tras recomendaciones del Departamento de Justicia. También se eliminó el lenguaje que permitía proceder sin contar con un adquiriente interesado.
“Estas enmiendas permiten robustecer la medida, atender preocupaciones constitucionales y operacionales, y asegurar una implementación balanceada y sostenible de la política pública”, concluyó Pérez.
