Casi 200 organizaciones pidieron a la administración del presidente Donald Trump y a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, restablecer $350 millones en fondos federales destinados a la instalación de sistemas solares con baterías en 12,000 hogares de bajos ingresos en todo el territorio estadounidense, incluyendo Puerto Rico.
Muchas de las familias afectadas tienen discapacidades o condiciones médicas que requieren el uso continuo de equipos eléctricos, lo que agrava la preocupación con la llegada de la temporada de huracanes y los persistentes apagones en la isla. “Para ellos, conseguir o no un sistema solar es algo que realmente puede ser de vida o muerte”, expresó Charlotte Gossett Navarro, directora principal de Puerto Rico para la Federación Hispana.
La Federación Hispana se encuentra entre las organizaciones que firmaron una carta enviada a González y al secretario del Departamento de Energía estadounidense, Chris Wright. Este grupo, junto con otras seis entidades, estaba preparado para instalar los sistemas y orientar a las familias sobre su uso. Ahora varias de ellas se oponen formalmente a la cancelación o negocian con el Departamento de Energía para revertir la medida.
González ha dicho que su administración “no tenía otra opción”, alegando que el gobierno federal decidió no asignar los fondos a Puerto Rico, los cuales se destinarían, según Washington, a la reconstrucción de la red eléctrica tras los daños provocados por el huracán María en 2017.
Hasta el momento, más de 6,000 hogares ya habían sido beneficiados, pero unas 12,000 familias continúan en incertidumbre. Entre ellas figura Yvette Rodríguez, de 61 años, residente de Culebra, quien depende de una máquina para tratar la apnea del sueño, y su esposo, Luis Soler, veterano de 67 años que utiliza una cama eléctrica ajustable. “Hay una gran necesidad de esos paneles solares”, dijo Rodríguez, lamentando además que los apagones los obliguen a tirar alimentos dañados y gastar más dinero en comida.
Casos como el de María Pérez, de 80 años, quien vive con su esposo de 88 y recibe solo 364 dólares mensuales de la Seguridad Social, reflejan la magnitud del problema. “Nos tienen sufriendo con ese dinero que nos quitaron. No es justo”, afirmó, mientras explica que su factura eléctrica equivale a la totalidad de su ingreso.
Gabriela Joglar Burrowes, directora ejecutiva del Consejo Estatal de Vida Independiente de Puerto Rico, también firmó la carta. Señaló que para personas con equipos médicos esenciales, la falta de energía confiable puede implicar “un riesgo que puede llevar incluso a la muerte”.
Las familias afectadas, muchas en zonas rurales y montañosas como Adjuntas, Jayuya y Orocovis, temen quedarse sin alternativas ante futuros eventos climáticos. “Es aún más preocupante”, añadió Gossett Navarro. “Es difícil salir de las montañas cuando hay una catástrofe”.
