La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó que la agencia investiga a Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). La pesquisa es independiente a la que pesa sobre Ciary Pérez Peña, exsecretaria del Departamento de la Vivienda, por presuntas irregularidades en centros de inspección de vehículos.
En una carta enviada al secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, Gómez Torres informó que la investigación relacionada con Deliz Vélez “se encuentra en etapa investigativa”. La misiva, fechada el 10 de abril y recibida el día 13, fue presentada ante la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, presidida por José “Cheíto” Hernández, que realiza su propia pesquisa sobre el manejo de los procesos de emisión de marbetes.
Deliz Vélez fue quien dirigió las investigaciones de los centros de inspección, entre ellos Yabucoa Auto Services, propiedad hasta noviembre de 2025 de Pérez Peña. Este establecimiento fue señalado por emitir más de 1,900 marbetes fraudulentos y sancionado con una multa de $987,500, que luego se habría reducido a $5,000. Pérez Peña renunció como secretaria de Vivienda poco después de estallar la controversia.
Hasta recientemente, Deliz Vélez había sido considerado testigo en la investigación contra Pérez Peña, incluso excusándose de comparecer a citaciones legislativas alegando confidencialidad del proceso. Sin embargo, la carta de Justicia reveló que también es objeto de investigación. “La abogada nos dijo que era testigo, pero no que estaba siendo investigado”, comentó el representante Hernández.
El exfuncionario mantiene una demanda contra el gobierno en la que alega represalias por denunciar irregularidades y reclama una compensación de $375,000 por daños morales y angustias mentales.
Según la comunicación del Departamento de Justicia, también se evalúan los procesos administrativos aplicables a los centros de inspección, como la imposición y reducción de multas, los planes de pago y la reactivación de estaciones cerradas. El documento señala que existen limitaciones en la documentación que impiden reconstruir con precisión algunos procedimientos.
Durante una vista pública, el secretario asociado del DTOP, Marcos García, confirmó irregularidades en las multas impuestas y reconoció que solo el secretario de la agencia tiene autoridad legal para sancionar o clausurar centros. No obstante, múltiples clausuras se realizaron sin delegación oficial. La jefa de la Directoría de Servicios al Conductor, Mary Fuster, sostuvo que “una multa es una multa” y que ni la Ley 22 ni el Reglamento 9526 permiten transar infracciones. Entre 2022 y 2024, el gobierno cobró $369,000 en multas.
Las investigaciones de los centros de inspección permanecen detenidas desde julio de 2025, cuando Deliz Vélez dejó el cargo. La Oficina de Investigaciones e Inspección está ahora dirigida por Ángel Reyes, quien revisa los procedimientos y ha implementado nuevos manuales y adiestramientos. Por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, advirtió que la ilegalidad del proceso podría obligar al gobierno a devolver el dinero cobrado, y la Comisión de Transportación evalúa posibles enmiendas a la Ley 22 y un nuevo reglamento.
