La magistrada federal Judith Dein determinó restringir la intervención de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en las demandas que buscan anular el contrato con LUMA Energy. Estas demandas se encuentran en una etapa procesal clave, en la que el tribunal deberá decidir si los casos seguirán bajo la jurisdicción del Título III de la ley Promesa o si serán devueltos al foro estatal.
La decisión de Dein permite solo una intervención parcial tanto de los bonistas como de la Junta de Supervisión Fiscal, que también había solicitado participar en los casos. Con ello, la corte busca evitar que las partes externas interfieran de manera amplia en procesos que aún están en proceso de definición jurisdiccional.
Los litigios relacionados con la cancelación del contrato de LUMA Energy continúan siendo objeto de atención pública, en medio de la controversia generada por el desempeño de la compañía en la operación y mantenimiento del sistema eléctrico del país.
