La jueza Iris Cancio González, del Tribunal de San Juan, se reservó el fallo en el pleito entre el Senado y el Departamento de Hacienda relacionado con la entrega de información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía.
Durante una vista virtual iniciada a las 2:00 p.m., Cancio González escuchó los argumentos de ambas partes y explicó que su determinación será por escrito. “En este caso están chocando los tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— y hay que tratarlo con delicadeza”, expresó la jueza al destacar la complejidad del reclamo.
El abogado Miguel A. Rodríguez Ramos, en representación del Senado, sostuvo que no se pidió acceso a documentos contributivos de Sagardía, sino que Hacienda responda con un “sí” o “no” a preguntas específicas sobre las declaraciones sometidas. A su juicio, la información es esencial para ejercer la función de fiscalización legislativa.
El Departamento de Justicia, en representación del secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, argumentó que la solicitud no puede atenderse con respuestas simples y que divulgar esos datos violaría el derecho a la intimidad de Sagardía. Además, informó que Sagardía acudió a la agencia para expresar su oposición a que se divulgue su información.
La licenciada Wilda Irizarry Toro añadió que el caso es prematuro, pues el Senado no agotó los recursos disponibles antes de acudir al tribunal. Por otro lado, el abogado Ramón L. Ramos Aponte, del Senado, replicó que los contratistas gubernamentales no tienen la misma expectativa de privacidad que un ciudadano común, ya que deben someter evidencia de cumplimiento contributivo como parte de su elegibilidad para contratar con el Estado.
Pantoja Rodríguez, quien compareció al tribunal tras haber sido citado bajo advertencia de arresto, reafirmó ante la prensa que su postura es firme: “No tenemos que entregar datos que son confidenciales. Voy a permitir que el proceso judicial siga su curso y el tribunal determine qué debe prevalecer”.
La controversia surgió luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aprobara una resolución el 12 de marzo solicitando que Hacienda confirmara si Sagardía radicó declaraciones informativas W-2 y 480, con detalles sobre fechas y pagos. Hacienda se negó el 17 de marzo, amparándose en el Código de Rentas Internas y las protecciones constitucionales de privacidad, lo que llevó al Senado a presentar un recurso judicial para obligar la entrega.
Aunque la jueza Cancio González inicialmente ordenó a Hacienda entregar la información en 48 horas, Justicia radicó una moción de reconsideración, alegando que los datos contributivos —incluidas las declaraciones informativas— son confidenciales. También argumentó que el Senado no notificó debidamente a Sagardía sobre la solicitud, lo que afecta la jurisdicción del tribunal.
La secretaria auxiliar de lo Civil, Tania Fernández Madero, afirmó en declaraciones escritas que la Constitución de Puerto Rico protege con estricto sigilo la vida privada y que romper ese sello sin observar las excepciones legales “sería un precedente peligroso para todos los puertorriqueños”.
El Senado, por su parte, señaló que su pedido se limita a confirmar información sobre un contratista gubernamental y no incluye planillas personales. La jueza Cancio González deberá ahora determinar si el tribunal tiene jurisdicción para atender el caso y cuál de las dos ramas —Ejecutivo o Legislativo— prevalece en este choque institucional.
