El senador Luis Javier Hernández anunció que referirá a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por presuntamente haber mentido durante su proceso de confirmación ante el Senado. Según Hernández, Roig Fuertes ocultó que existía un referido del Departamento de Salud, donde trabajaba en destaque, relacionado con una supuesta contratación irregular mientras dirigía la Sección de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual.
El referido fue recibido en 2022 por el Departamento de Justicia, que archivó la pesquisa en octubre de 2025, cuando la funcionaria ya fungía como secretaria de la Familia. Para el senador, mentir en ese proceso “es un perjurio” que puede ser procesado legalmente o incluso conllevar un proceso de residenciamiento.
Justicia ha confirmado que Roig Fuertes rindió una declaración jurada el 24 de febrero de 2022 en relación con la investigación. El caso se originó por un contrato de $60,000 mensuales, otorgado en 2021 al Hogar Hacienda Don Luis, presuntamente condicionado a subcontratar a la empresa One Source Investigations para servicios de seguridad de un ofensor sexual.
El exsecretario de Salud, Carlos Mellado, quien refirió el caso a Justicia, insinuó que la secretaria tenía vínculos con la empresa. Ella negó cualquier relación y exigió que se presentaran pruebas.
Hernández sostuvo que, en el formulario de confirmación, Roig Fuertes afirmó que no existía ninguna investigación en su contra. “Cuando se hizo la pesquisa, contrató a un abogado y sabía lo que estaba ocurriendo. Ocultó información al Senado”, denunció.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció que también investigará los señalamientos y solicitó documentos que pudieran confirmar si Roig Fuertes fue notificada o advertida sobre ser persona de interés en alguna investigación previa.
Para Hernández, la investigación que archivó Justicia fue “incompleta”, ya que no se entrevistó a la secretaria ni a testigos. Por ello, exigió a Lourdes Gómez Torres, actual secretaria de Justicia, que reabra el caso y pidió a la gobernadora Jenniffer González destituir inmediatamente a Roig Fuertes.
“Las alegaciones del Departamento de Salud son muy serias; se trata de posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, el Código Penal, e interferencia contractual”, recalcó. A su juicio, el expediente “es claro y contundente” y el Senado no debería interpelar a la funcionaria, sino exigir su salida.
El legislador añadió que las denuncias contra Roig Fuertes son “mil veces peor” que las que enfrentó la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, quien renunció tras ser referida a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Concluyó diciendo que la gobernadora “no debe permitir que Suzanne Roig permanezca un minuto más en su puesto, a menos que quiera ser cómplice del esquema”.
