La jueza superior Iris Cancio González citó al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, a una vista de desacato el próximo 9 de abril, tras negarse a entregar al Senado información contributiva relacionada con el exsecretario de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía de Jesús.
La jueza emitió la orden luego de que el Senado de Puerto Rico, presidido por Thomas Rivera Schatz, solicitara que se declarara en desacato al funcionario conforme al Artículo 34-A del Código Político de 1902. La audiencia será presencial, a las 2:00 p.m., en la sala 907 del Tribunal de Primera Instancia en San Juan.
En su advertencia, Cancio González dejó claro que la incomparecencia del secretario podría conllevar su arresto e ingreso inmediato a prisión. La determinación se produjo después de que el Departamento de Hacienda incumpliera con la entrega de documentos que la jueza había ordenado remitir en un plazo de 48 horas el pasado 24 de marzo.
El Departamento de Justicia, en representación de Hacienda, presentó una moción de reconsideración para revisar la orden y reiteró que la información solicitada es confidencial. “Como secretario de Hacienda tengo un deber claro e indelegable: proteger la confidencialidad de la información que los contribuyentes someten ante el Departamento. Son garantías que deben honrarse a todos los contribuyentes de Puerto Rico”, sostuvo Pantoja Rodríguez en declaraciones escritas.
Añadió que la moción busca que el tribunal defina los límites de la protección constitucional al derecho a la intimidad. Subrayó que el propósito no es limitar la transparencia ni las facultades investigativas de la Asamblea Legislativa. “Proteger la confidencialidad de la información contributiva es proteger la confianza del pueblo en el Departamento de Hacienda”, apuntó.
El conflicto comenzó con una solicitud del Senado, aprobada por unanimidad el 12 de marzo, que pidió confirmar si Sagardía de Jesús radicó declaraciones informativas tipo W-2 y 480, junto con datos básicos sobre los pagos realizados. Hacienda negó la petición el 17 de marzo, alegando confidencialidad, lo que llevó al Senado a recurrir al tribunal el 23 de marzo. La jueza Cancio González acogió la solicitud y ordenó entregar los documentos.
En su moción, Justicia argumentó que la protección de la confidencialidad va más allá de las planillas y cubre toda información sometida a Hacienda, incluidas las declaraciones informativas. También cuestionó la necesidad y legalidad de la solicitud legislativa, al señalar que Sagardía es un ciudadano privado con derecho a mayor protección. Según la secretaria auxiliar de lo Civil de Justicia, Tania Fernández Madero, “las planillas son comunicaciones privilegiadas entre el contribuyente y el Estado, y romper ese sello sería un precedente peligroso”.
Por su parte, el Senado defendió su poder de fiscalización. Reiteró que solo pidió confirmar si el contratista gubernamental había emitido las declaraciones mencionadas, sin requerir copias de planillas ni información personal. También solicitó a los departamentos de Educación, Familia y Hacienda, así como a la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, los contratos suscritos con Sagardía.
Las solicitudes surgieron luego de que Sagardía de Jesús defendiera públicamente a la entonces secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, durante una entrevista radial, en respuesta a comentarios de Rivera Schatz sobre controversias en la agencia. Pérez Peña renunció a su cargo el 16 de marzo.
