El Tribunal Supremo de Puerto Rico dejó vigente la orden que obliga al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a entregar los documentos solicitados por el gobierno federal sobre los datos personales de inmigrantes. La determinación fue divulgada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), organización que presentó la demanda que dio origen al caso.
El DTOP acudió al Supremo en busca de revertir decisiones previas de tribunales inferiores que habían determinado que el alegado subpoena recibido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es un documento público. Ese requerimiento habría motivado la entrega voluntaria de los datos de miles de inmigrantes.
Ante esa petición, el Supremo respondió con un “No ha lugar”, según confirmó la ACLU. Para su directora ejecutiva en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, la decisión reafirma la obligación del DTOP de divulgar el documento y cualquier otro relacionado con la entrega de datos protegidos bajo la Ley 97 de 2013.
La ACLU presentó la demanda el 1 de octubre de 2025 después de que el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, se negara a responder una solicitud de información pública. El Tribunal de Primera Instancia primero ordenó la entrega del subpoena, y el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión en enero. El DTOP, representado por el Departamento de Justicia, llevó entonces el caso al máximo foro judicial, donde un panel compuesto por la jueza asociada Mildred Pabón Charneco y los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Raúl Candelario López rechazó su petición.
La resolución, emitida el 17 de abril y notificada días después, abrió un período de diez días para que el DTOP solicite reconsideración. Mientras, el director legal de la ACLU, Fermín Arraiza Navas, exhortó al secretario del DTOP a cumplir con la orden y a reconocer que la información solicitada es pública y de interés para el país.
La ACLU sostiene que el funcionario puso en riesgo la seguridad de miles de inmigrantes que confiaron en la promesa de confidencialidad establecida en 2013, cuando se permitió que personas sin estatus migratorio definido obtuvieran licencias de conducir. Señala además que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón violó ese compromiso al entregar la información al ICE.
En su decisión de enero, el Tribunal Apelativo recordó que el derecho de acceso a la información es un derecho humano y constitucional fundamental. Determinó que el subpoena requerido por la ACLU es un documento público y rechazó los intentos del Estado de ampararse en supuestas investigaciones o temas de seguridad pública para negar su divulgación.
El tribunal también recordó que los tribunales deben ser cautelosos al aceptar peticiones de confidencialidad y que la opacidad en asuntos públicos debe considerarse una excepción limitada. Concluyó que el gobierno no pudo identificar ninguna ley que le impidiera divulgar una subpoena federal ni demostrar que su publicación afectara investigación alguna.
