La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado exigió a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, reabrir la investigación archivada en octubre de 2025 sobre un referido presentado en 2022 contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.
El portavoz del PPD, Luis Javier Hernández, reclamó además su renuncia inmediata y emplazó a la gobernadora Jenniffer González a destituirla si no lo hace. “Suzanne Roig sabía que era investigada y guardó silencio durante su proceso de evaluación en el Senado. Bajo juramento, todos los nominados deben informar si tienen investigaciones activas, y ella calló”, denunció el legislador.
Según informó el programa Rayos X (Telemundo), la funcionaria estaría vinculada a la concesión de un contrato de $60,000 mensuales en 2021 al Hogar Hacienda Don Luis, mientras dirigía la Unidad de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud. El acuerdo habría estado condicionado a la subcontratación de la empresa One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad.
El caso fue remitido en 2022 al Departamento de Justicia por el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, y la subsecretaria Marilú Cintrón. No obstante, fue archivado el 30 de octubre de 2025 por falta de evidencia suficiente para sostener delitos “más allá de duda razonable”. El informe de Rayos X reveló que Justicia no entrevistó testigos y basó su decisión únicamente en la documentación de Salud.
El Departamento de Justicia se negó recientemente a entregar al Senado una copia del expediente, pero Salud compartió su propio informe, que supuestamente incluye nuevos hallazgos. El senador José A. Santiago afirmó que Roig Fuertes promovió un aumento de $29,494 a $60,000 mensuales en la compensación al proveedor. “Si esto no es corrupción, díganme qué es. Por este tipo de conducta, funcionarios públicos han enfrentado acusaciones”, expresó.
Hernández denunció además que, mientras dirigía la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Roig Fuertes otorgó un contrato profesional al licenciado Carlos Padín, quien mantenía lazos con One Source Investigations. De acuerdo con el portavoz, Padín habría representado tanto a la empresa como a la propia Roig Fuertes en la investigación administrativa. Posteriormente, en julio de 2025, la secretaria le concedió un contrato de $72,000 anuales en el Departamento de la Familia.
El informe también detalla que, siendo administradora de Assmca, en 2020 Roig Fuertes firmó un contrato con Jesús Nadal, presidente de One Source Investigations, para servicios en la Clínica de Tratamiento Integral Asistido.
La senadora Ada Álvarez Conde criticó que Justicia no actuara pese al voluminoso expediente recopilado por el Departamento de Salud. “La secretaria Lourdes Gómez no puede adjudicar responsabilidad a otras personas. Esa investigación se archivó el pasado octubre”, indicó. Hernández añadió que el informe firmado por Carlos Mellado López establece que la conducta de Roig Fuertes podría constituir enriquecimiento ilícito o injustificado.
El Nuevo Día intentó obtener declaraciones de Roig Fuertes, pero, a través de su portavoz Yolanda Rosaly, declinó comentar sobre el asunto.
