WASHINGTON — El Senado de Estados Unidos se prepara para aprobar un proyecto de ley de política militar que autorizará $901,000 millones en programas de defensa y presiona al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que entregue a los legisladores los vídeos de ataques a supuestos barcos de narcotraficantes en aguas internacionales cercanas a Venezuela.
La Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que contempla un aumento salarial del 3.8% para las tropas, avanza con apoyo bipartidista y cuenta con el aval de la Casa Blanca, que asegura que refleja las prioridades de seguridad del presidente Donald Trump. No obstante, la propuesta —de más de 3,000 páginas— ha generado tensiones entre el Congreso y el Pentágono, mientras la administración Trump redirige su foco desde Europa hacia América Central y del Sur.
El proyecto exige mantener el actual contingente militar en Europa, enviar ayuda a Ucrania y suministrar información detallada sobre recientes operaciones en el Caribe. También implementa varias órdenes ejecutivas de Trump, elimina programas de diversidad e inclusión en las fuerzas armadas y amplía poderes militares de emergencia en la frontera con México. Asimismo, fortalece la supervisión del Departamento de Defensa y deroga antiguas autorizaciones de guerra.
“El proyecto representa la inversión necesaria para garantizar que Estados Unidos esté preparado para defender sus intereses en un mundo peligroso”, afirmó el líder de la mayoría en el Senado, John Thune.
Sin embargo, la medida enfrenta críticas de legisladores de ambas bancadas por una disposición que permitiría a aeronaves militares operar sin transmitir su ubicación, similar a la práctica que antecedió un accidente en Washington, D.C., en enero, donde murieron 67 personas. “Esa excepción especial fue exactamente la que causó el accidente del 29 de enero”, advirtió el senador Ted Cruz, presidente republicano de la Comisión de Comercio del Senado.
Otra cláusula reteniene parte del presupuesto de viajes de Hegseth hasta que entregue grabaciones sin editar de los ataques y las órdenes que los autorizaron. Hegseth visitó el Capitolio para explicar la campaña militar en aguas próximas a Venezuela, generando apoyo entre republicanos y preocupación entre demócratas.
El Congreso también ordena que el Pentágono mantenga al menos 76,000 soldados en Europa y 28,500 en Corea del Sur, y destina $400 millones por año para producir armas destinadas a Ucrania. En materia de políticas internas, el texto suprime oficinas y programas sobre diversidad, equidad e inclusión, lo que generará un ahorro estimado de $40 millones, y recorta $1,600 millones en proyectos climáticos.
Finalmente, la legislación revoca las autorizaciones de guerra de 1991 y 2003, asociadas a los conflictos en Irak, en un intento por devolver al Congreso ciertos poderes de decisión bélica, marcando el cierre simbólico de más de tres décadas de intervenciones militares bajo esas disposiciones legales.
