La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, defendió este jueves su decisión de no remitir a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) el expediente relacionado con la hoy secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. El caso estaba ligado a presuntas irregularidades en una contratación durante el pasado cuatrienio, cuando Roig Fuertes dirigía la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.
Gómez Torres explicó que el expediente no fue referido a la Opfei porque el puesto que ocupaba Roig Fuertes no figura entre los enumerados en el artículo 4 de la Ley Núm. 2 de 1988, conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Añadió que, conforme a los procedimientos del Departamento de Justicia, no se notifica el inicio ni el cierre de investigaciones salvo que haya un mandato legal específico.
La funcionaria también informó al Senado que, tras una revisión de los registros, no hay constancia de que Roig Fuertes fuera notificada como persona de interés en indagaciones administrativas, civiles o criminales relacionadas con su desempeño en el Departamento de Salud entre 2021 y 2025. Reiteró que el cierre del caso número 2022-31-102-00022 no se notificó a las partes, conforme al protocolo institucional.
Gómez Torres recordó que la Ley 2-1988 dispone que el Departamento de Justicia debe referir a la Opfei los casos que involucren a funcionarios de primer nivel, como el gobernador, secretarios, legisladores, jueces o alcaldes. En esos casos, el Panel decide si asigna un fiscal especial independiente.
Mientras, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, reclamó la renuncia de Roig Fuertes y la refirió a Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental, alegando que incurrió en perjurio al declarar durante su proceso de confirmación que desconocía de alguna investigación en su contra.
El expediente en Justicia se originó en 2022 tras un referido del Departamento de Salud y fue archivado el 30 de octubre de 2025, cuando Roig Fuertes llevaba diez meses al frente de Familia. Justicia concluyó que no había evidencia de que la funcionaria hubiera impulsado la contratación de la empresa One Source Investigations para brindar servicios a un participante del programa de discapacidad intelectual. No obstante, un informe de Salud señalaba que Roig Fuertes presuntamente ordenó al hogar contratado que recurriera a esa compañía y que los costos del contrato se inflaron hasta alcanzar los $60,000 mensuales.
