La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se encuentra en el centro de una controversia por pagos irregulares que ascienden a $109,000. Según un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico, estos desembolsos se realizaron de manera retroactiva a un contratista entre octubre de 2023 y enero de 2024, violando las leyes de contratación gubernamental. Este hallazgo se da bajo la dirección del actual secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González.
El informe detalla que el contrato original para arrendar 19 vehículos a la ACT tenía un límite de $301,650, de los cuales se desembolsaron $294,323.92 hasta el 24 de agosto de 2023. Sin embargo, la compañía continuó ofreciendo sus servicios hasta el 25 de enero de 2024, momento en el que se enmendó el contrato para aumentar la cuantía a $648,450. Esta modificación permitió que se pagara retroactivamente un total de $109,009.20 por los meses mencionados, lo que ha despertado preocupaciones sobre la legalidad de tales acciones.
Irregularidades en la contratación gubernamental
Según la OIG, estos pagos retroactivos constituyen una violación a las disposiciones de la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de 1975, conocida como Ley de Registro de Contratos. "Al constituir un pago retroactivo, este desembolso de fondos públicos se realizó en contravención de las disposiciones legales que regulan la contratación gubernamental", señala el informe. La política pública del gobierno de Puerto Rico prohíbe el otorgamiento de contratos y enmiendas de manera retroactiva, lo que pone en entredicho la transparencia y la legalidad de la gestión de la ACT.
La OIG también menciona que el informe contiene hallazgos y recomendaciones administrativas que serán objeto de un análisis jurídico y técnico detallado por parte de la Autoridad. Es crucial que se evalúen las circunstancias particulares de la contratación y los requisitos aplicables a la aprobación de facturas y la prestación de servicios, para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Reacciones ante el informe de la OIG
Ivelisse Torres, directora de la OIG, destacó la importancia de seguir un marco legal claro y transparente en la contratación pública. "Es importante señalar que el informe contiene hallazgos y recomendaciones administrativas que serán objeto de un análisis jurídico y técnico detallado", afirmó. Esto enfatiza la necesidad de que las contrataciones sean prospectivas, garantizando así la correcta utilización de los fondos públicos.
La controversia no solo refleja problemas internos dentro de la ACT, sino que también resalta una preocupación más amplia sobre la gestión de recursos en el gobierno de Puerto Rico. Las implicaciones de estos hallazgos pueden ser significativas, tanto para las futuras operaciones de la ACT como para la confianza pública en la administración gubernamental.
Este tipo de irregularidades pone en la mira al DTOP y su capacidad para manejar adecuadamente los contratos y los fondos públicos. La situación es un recordatorio de la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en la gestión de recursos del gobierno, a fin de evitar que se repitan estos incidentes en el futuro.
Fuentes: presenciapr.com, esnoticiapr.com, Metro Puerto Rico
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