Un grupo de organizaciones comunitarias y residentes de Cayey presentó una demanda contra el Municipio y la Junta de Planificación (JP) para impugnar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado en marzo. Los demandantes alegan que el documento carece de requisitos de planificación, transparencia y participación ciudadana efectiva.
El Frente Comunitario en Defensa de Cayey, Cayey para el Mundo, Comuna Cajey, la comunidad Carrasquillo y varios residentes denunciaron en la plaza pública que el POT permite reclasificar terrenos designados como suelo rústico especialmente protegido (SREP) a zonas urbanas, lo que abriría paso a desarrollos comerciales, industriales y residenciales en áreas de alto valor agrícola, ecológico y arqueológico.
Carmen Rosado Sánchez, portavoz de la comunidad Las Vegas, sostuvo que el plan permitiría retomar proyectos de desarrollo previamente cuestionados, como el conector PR-158 y el complejo turístico Ciudadela de Cayey —con hotel, tiendas “outlet” y casino— en terrenos protegidos parte de las 600,000 cuerdas agrícolas reservadas a perpetuidad. Agregó que el proyecto no tomó en cuenta múltiples hallazgos arqueológicos en esa zona.
“Si se manipula el terreno donde nace el río y se impermeabilizan esos terrenos, las consecuencias de inundaciones río abajo serán desastrosas”, advirtió la líder comunitaria, quien afirmó que el Municipio ha ignorado las observaciones de los residentes directamente afectados.
Rosado Sánchez también denunció deficiencias en la notificación y celebración de las vistas públicas, así como la exclusión de propuestas ciudadanas. Indicó que la Junta de Comunidad, principal organismo de representación vecinal, contó con solo siete personas seleccionadas por el Municipio.
La portavoz relató haber consultado al alcalde Rolando Ortiz Velázquez sobre el contenido del POT, a lo que éste —según dijo— respondió que no tenía conocimiento del documento ni relación con su propuesta. “Es complicado competir con grandes desarrolladores, pero seguimos levantando la voz porque están cometiendo un grave error”, expresó.
El Nuevo Día solicitó la reacción del alcalde, pero no estuvo disponible.
Por su parte, Humberto Díaz Rivera, portavoz de la comunidad Carrasquillo, alertó que el POT contiene ambigüedades y contradice el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico de 2015. “Este no es un caso de discreción administrativa, sino de una actuación que evade la ley, la ciencia y la participación ciudadana”, señaló.
En respuesta, la JP afirmó mediante declaraciones escritas que la Revisión Integral del Plan de Ordenación Territorial (RIPOT) de Cayey se realizó conforme a todas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Añadió que el recurso radicado se limita a aspectos procesales y sostuvo que “no existen fallas que invaliden la determinación”, destacando casos similares en Río Grande y Utuado.
La demanda busca frenar la implantación del nuevo plan y solicitar una revisión del proceso de planificación en el municipio.
