Washington — Funcionarios de Minnesota presentaron una demanda contra la administración Trump para obtener acceso a pruebas necesarias en la investigación de tres tiroteos protagonizados por agentes federales, entre ellos los que provocaron la muerte de Renee Good y Alex Pretti. Según la acusación, el gobierno federal no cumplió su promesa de cooperar con las investigaciones estatales tras el despliegue masivo de agentes en Minneapolis.
“Estamos preparados para luchar por la transparencia y la rendición de cuentas que el gobierno federal está desesperado por evitar”, afirmó Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin. La funcionaria subrayó que el estado tiene derecho a indagar por su cuenta, pese a que la administración Trump sostiene que Minnesota carece de jurisdicción.
La demanda representa un nuevo capítulo en la tensión entre autoridades estatales y federales, luego de la Operación Metro Surge, una ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump que desplegó miles de agentes en las áreas de Minneapolis y St. Paul. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la operación como un éxito, aunque líderes locales denunciaron abusos y falta de transparencia.
El Departamento de Justicia (DOJ) abrió una investigación federal por violaciones de derechos civiles en el caso de Pretti, pero descartó hacerlo en el de Good, un cambio de enfoque respecto a administraciones previas. El fiscal general adjunto Todd Blanche señaló que la División de Derechos Civiles del DOJ solo investiga cuando existen circunstancias “que justifiquen una investigación”.
El DHS indicó que la Patrulla de Aduanas y Fronteras realiza su investigación interna sobre el caso Pretti y que el caso de Good sigue bajo revisión. Aseguró que las imágenes muestran que Good obstruyó las operaciones y armó su vehículo, lo que habría llevado al agente a actuar en defensa propia.
La demanda incluye además un tercer caso: Julio César Sosa-Celis, herido por una bala en el muslo derecho durante un operativo en enero. Aunque inicialmente fue acusado de atacar a un agente del ICE, los cargos fueron retirados y ahora se investiga si los agentes federales mintieron bajo juramento. Ambos se encuentran suspendidos mientras ICE y el DOJ hacen una revisión conjunta.
Moriarty denunció que el gobierno federal “ha adoptado una política de retención categórica de pruebas”, considerándola alarmante e inédita. Profesores de Derecho como Rachel Moran señalaron que este tipo de acciones estatales contra el gobierno federal son poco comunes, pero podrían sentar un precedente sobre la autoridad de los estados para investigar posibles delitos cometidos por agentes federales.
De prosperar la demanda, los estados ganarían respaldo legal para exigir cooperación federal en sus investigaciones. Si se falla a favor del gobierno federal, en cambio, podría enfriar la cooperación entre ambos niveles de jurisdicción.
