Más de 50 organizaciones ambientales y grupos comunitarios se manifestaron este miércoles frente al Capitolio para rechazar la medida legislativa que busca redefinir la zona marítimo terrestre (ZMT). Según denunciaron, la propuesta amenaza con reducir el espacio público y restringir el acceso a las playas del país.
La manifestación ocurrió previo a la vista pública citada por el Senado sobre el Proyecto de la Cámara (PC) 25, impulsado por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, el cual introduce una nueva definición de la ZMT.
“Tenemos criterio científico que nos dice que las costas están cambiando, las costas están colapsando. Negar esa realidad es atentar contra la seguridad colectiva, el bien común. Esto (PC 25) no va, nosotros lo sabemos. Siguen tratando por todas partes, por órdenes ejecutivas, por el Senado, por el legislativo, pero aquí hay un pueblo activo y bien orientado”, expresó Alegna Malavé, directora ejecutiva de Murciélagos Beach Defenders.
La coalición de organizaciones recordó que el proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes con 16 votos en contra —cinco de ellos del Partido Nuevo Progresista (PNP)— y advirtió que la medida pretende flexibilizar protecciones históricas del litoral para favorecer intereses privados a costa del patrimonio natural del archipiélago.
“Esto no es una simple discusión técnica. Se está intentando achicar por ley lo que le pertenece al pueblo para beneficiar intereses privados sobre nuestros bienes de dominio público”, señaló Gabriela Vélez Agosto, codirectora de Amigxs del M.A.R.
Los portavoces también criticaron que la versión ante el Senado adopta una definición promovida por la Asociación de Constructores de Puerto Rico. La legislación propone que la ZMT sea el espacio de las costas bañadas por el mar en su flujo y reflujo hasta la línea del nivel medio de la pleamar mayor, excluyendo marejadas ciclónicas y la vegetación costera.
Para Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club Puerto Rico, el proyecto no solo redefine la ZMT desde lo técnico, sino que cambia la manera en que se toman decisiones sobre el litoral. “Al cambiar los criterios de delimitación y flexibilizar protecciones existentes, se está reconfigurando quién decide sobre un bien público que pertenece a todo el pueblo, con impactos directos en los 44 municipios costeros del país”, advirtió.
Las organizaciones también alertaron sobre un posible retroceso en la política de protección costera frente al cambio climático, al eliminar factores como la vegetación y las marejadas ciclónicas de la definición legal.
Entre las entidades citadas a la vista pública de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado se encuentran la Asociación de Constructores, los departamentos de Recursos Naturales y Ambientales y de Desarrollo Económico y Comercio, la Asociación de Agrimensores, la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, Cambio PR, Arrecife Condado, Resiliency Law Center, Para la Naturaleza y Salvemos a Playuela.
