La jueza Cristina Córdova Ponce, del Tribunal de Aibonito, declaró “ha lugar” el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años. Con esta decisión, la joven de 18 años saldrá de la cárcel bajo supervisión electrónica y en régimen de confinamiento domiciliario.
El habeas corpus, explicó el tribunal, protege el derecho de toda persona a no ser detenida más de 180 días sin que comience su juicio, según la Constitución de Puerto Rico. La defensa, compuesta por las abogadas María Soledad Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emmanuelli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), argumentó que ese límite constitucional había sido sobrepasado.
Durante la vista, celebrada a las 2:30 p.m. en la sala 3, Córdova Ponce informó que recibió una certificación de Corrección y estableció condiciones estrictas de cumplimiento bajo la supervisión del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ). La jueza también denegó la solicitud de la defensa para celebrar la vista a puertas cerradas y aplazarla.
Por su parte, los fiscales Orlando Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto expresaron su preocupación por la excarcelación debido a la gravedad del caso y al hecho de que la madre de la acusada, Elvia Cabrera Rivera, también se encuentra encarcelada por la misma causa.
El documento de habeas corpus, presentado el viernes anterior, señala que Avilés Cabrera ha estado encarcelada desde el 19 de agosto de 2025 en el Centro Médico Correccional de la Institución Penal de Bayamón. Su juicio está pautado para comenzar el 6 de abril.
La jueza aclaró que declarar “ha lugar” el habeas corpus no implica la conclusión del caso, sino que permite que la acusada permanezca en libertad supervisada mientras continúa el proceso judicial.
Anthonieska Avilés y su madre enfrentan dos cargos cada una por violación al Artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico, de asesinato en primer grado, y por infracción al Artículo 6.06 de la Ley de Armas, relacionada con el uso o portación de un arma blanca. De ser halladas culpables, podrían recibir sentencias que superen los 99 años de cárcel.
El Ministerio Público sostiene que ambas actuaron en común acuerdo para cometer el asesinato de Pratts Rosario y asegura tener evidencia testifical, documental y pericial. Los hechos ocurrieron la noche del 10 de agosto de 2025, durante una pelea en el desvío Roberto Colón de Aibonito, donde dos menores resultaron heridos. Pratts Rosario falleció al día siguiente en el hospital, mientras el otro adolescente sobrevivió y figura entre los más de 60 testigos citados por la Fiscalía.
