La jueza federal de distrito Nancy Brasel extendió el jueves una orden preliminar que obliga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a garantizar que las personas detenidas por asuntos migratorios en Minnesota puedan acceder a un abogado inmediatamente después de ser arrestadas y antes de ser trasladadas fuera del estado.
Brasel enfatizó que el debido proceso debe respetarse plenamente. “ICE reconoce el derecho de los detenidos a tener acceso a un abogado en teoría y en sus políticas escritas, pero no en la práctica. En cambio, ha puesto obstáculo tras obstáculo frente a los detenidos y sus abogados”, escribió en su fallo.
La decisión se basa en una orden de restricción temporal emitida el 12 de febrero, cuando la jueza advirtió que la agencia no había previsto cómo proteger los derechos constitucionales de las personas arrestadas durante la Operación Metro Surge, una ofensiva migratoria de la administración Trump. En aquella ocasión señaló: “La Constitución no permite que el gobierno arreste a miles de personas y luego ignore sus derechos constitucionales porque sería demasiado difícil respetarlos”.
La nueva orden requiere que toda persona no ciudadana detenida en el edificio federal Bishop Henry Whipple tenga la oportunidad de contactar a un abogado dentro de una hora de su arresto y establece que no puede ser trasladada fuera del estado durante las primeras 72 horas de detención.
La demanda fue presentada por The Advocates for Human Rights, organización que celebró la extensión de la orden, la cual seguirá vigente mientras continúan los procedimientos judiciales. Su directora ejecutiva, Michele Garnett McKenzie, señaló que “la capacidad de hablar libre y privadamente con un abogado es crucial para el debido proceso y esencial para proteger a las personas de decisiones injustas, detenciones coercitivas y deportaciones que ponen en riesgo la vida”.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Durante una audiencia reciente, el abogado de los demandantes, Jeffrey Dubner, criticó que el cumplimiento de la orden previa había sido “irregular en el mejor de los casos”.
La jueza emitió su orden original el mismo día en que el llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, declaró oficialmente el fin de la Operación Metro Surge. Según funcionarios federales, las detenciones disminuyeron después de que el número de agentes de ICE en Minnesota se redujo de unos 3,000 a poco más de 100, y actualmente hay periodos sin detenidos en el edificio Whipple.
Por su parte, la abogada del gobierno Christina Parascandola argumentó que ICE ha estado cumpliendo con lo ordenado y que una extensión del mandato era innecesaria. Sin embargo, varios abogados locales de inmigración afirmaron que todavía enfrentan grandes dificultades para comunicarse con sus clientes, incluso cuando los visitan personalmente en Whipple.
La abogada Hanne Sandison relató que, al ingresar al centro para observar las condiciones, muchos teléfonos no funcionaban y que en el único área donde sí había comunicación, los agentes de ICE podían escuchar las conversaciones entre abogados y clientes, violando la confidencialidad legal.
