Un juez federal indicó el martes que probablemente rechazará la solicitud presentada por un grupo preservacionista que intenta detener temporalmente la construcción del salón de baile de la Casa Blanca ordenado por el presidente Donald Trump. El juez de distrito Richard León sostuvo que la organización no logró demostrar que se produciría un “daño irreparable” si el proyecto prosigue.
León añadió que podría emitir una decisión final sobre la orden de restricción el miércoles, aunque adelantó que realizará otra vista en enero para evaluar la petición del National Trust for Historic Preservation de suspender el proyecto hasta que pase por revisiones independientes y reciba la aprobación del Congreso. El magistrado también advirtió al gobierno que no tome decisiones relacionadas con obras subterráneas —como tuberías o conducciones de gas— que condicionen la futura construcción del salón de baile. “Si eso ocurriera, el tribunal lo abordará, se lo aseguro”, dijo.
Esa misma noche, durante un evento de Hannukah, Trump agradeció al juez por su “valentía de tomar la decisión correcta” y señaló que el proyecto costaría 400 millones de dólares, aunque previamente se había estimado en 300 millones.
Por su parte, Carol Quillen, presidenta y directora ejecutiva del National Trust, reafirmó que la organización continúa “plenamente comprometida a defender los intereses del pueblo estadounidense” y a exigir el cumplimiento de los procesos de revisión por parte de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y otras agencias federales.
Según los documentos del caso, Trump avanzó con la demolición del ala este de la Casa Blanca y el inicio de la obra antes de obtener la evaluación de los paneles federales correspondientes. Además, ha designado aliados en la Comisión de Planificación, entre ellos su presidente, Will Scharf, quien anticipó que los planos del salón podrían recibirse este mes. Pese a ello, Trump despidió a los miembros del panel de Bellas Artes sin nombrar aún a sus reemplazos.
En la vista, el fiscal general adjunto Adam Gustafson argumentó que el Trust no tiene base legal para demandar y que ciertos trabajos subterráneos deben continuar por razones de seguridad nacional. Añadió que el presidente está exento de las leyes federales que el grupo sostiene no se han cumplido. Gustafson afirmó que no hay “daño irreparable”, ya que los planos aún no están listos y la construcción sobre el terreno no comenzará antes de abril.
El abogado del Trust, Tad Heuer, cuestionó que el gobierno avance sin las revisiones establecidas y destacó que el caso “no se trata de la necesidad de un salón de baile, sino de la necesidad de cumplir la ley”.
