Minneapolis — Un juez federal extendió este viernes una orden que protege a los refugiados residentes legalmente en Minnesota de ser arrestados o deportados, tras criticar con dureza una política de la administración Trump que, según él, convierte el “Sueño Americano en una pesadilla distópica”.
El juez de distrito John Tunheim aprobó la solicitud de los defensores de los refugiados para transformar una orden temporal emitida en enero en una medida cautelar más permanente mientras se resuelve el caso. La orden aplica únicamente en Minnesota, aunque las implicaciones de una nueva política nacional sobre refugiados —anunciada el 18 de febrero por el Departamento de Seguridad Nacional— fueron eje central de la audiencia celebrada al día siguiente.
“Los refugiados de Minnesota pueden ahora vivir sus vidas sin temor a que su propio gobierno los arrebate de la calle y los encarcele lejos de sus seres queridos”, dijo a The Associated Press Kimberly Grano, abogada del Proyecto Internacional de Ayuda a los Refugiados.
La administración Trump sostiene que tiene derecho a detener a decenas de miles de refugiados que ingresaron legalmente a Estados Unidos pero aún no poseen una tarjeta verde. Un memorando de Seguridad Nacional interpreta que los refugiados deben regresar a la custodia federal un año después de su admisión en el país para revisar sus solicitudes de residencia.
En un dictamen de 66 páginas, Tunheim expresó su rechazo a esa interpretación. “Este Tribunal no permitirá que las autoridades federales utilicen una interpretación estatutaria nueva y errónea para aterrorizar a los refugiados que inmigraron a este país bajo la promesa de que serían acogidos y podrían vivir en paz, lejos de la persecución que dejaron atrás”, declaró.
El juez recordó que Estados Unidos prometió hace décadas ofrecer refugio a quienes escapaban de la persecución, tras rigurosos controles de antecedentes. “Les prometimos la esperanza de que un día podrían alcanzar el Sueño Americano. La nueva política del Gobierno rompe esa promesa —sin autorización del Congreso— y plantea graves problemas constitucionales”, sostuvo.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Por su parte, el abogado del Departamento de Justicia, Brantley Mayers, argumentó en una vista reciente que el Gobierno tiene derecho a detener a los refugiados después de su primer año en el país, aunque reconoció que no siempre se aplicaría esa medida.
Tunheim citó el caso de un refugiado identificado como D. Doe, detenido en enero tras ser engañado con el pretexto de un golpe a su automóvil. “Fue trasladado inmediatamente en avión a Texas, donde le interrogaron sobre su condición de refugiado. Le mantuvieron con grilletes y esposas durante dieciséis horas, y luego fue liberado en las calles de Texas, abandonado a su suerte para encontrar el camino de regreso a Minnesota”, relató el magistrado.
