Tras un reportaje que alega un intercambio de drogas por votos en cárceles para favorecer a la gobernadora Jenniffer González, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, aseguró que cualquier denuncia sobre corrupción fue investigada mientras encabezaba el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico.
“Si hubo alegaciones de cualquier corrupción, le correspondía al FBI investigar esos hechos. Y te puedo garantizar que, si hubo alegaciones, se investigaron. Si no se sometieron los cargos, era porque no había evidencia en ese caso”, expresó González Falcón luego de reunirse con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para discutir estrategias contra el trasiego de drogas y armas ilegales junto a agencias federales.
Rivera Schatz, por su parte, restó credibilidad a la investigación del medio independiente ProPublica, afirmando que “no merece ninguna credibilidad”. El reportaje sostiene que, tras la elección del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos supuestamente detuvo una pesquisa sobre el presunto esquema de drogas a reclusos a cambio de votos en 2024 a favor de la actual mandataria.
González Falcón aclaró que “fui el director del FBI para ese entonces. El caso no era del FBI. El caso era de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, en inglés)”. Además, cuestionó algunos puntos de la publicación al señalar: “Hay alegaciones de que el presidente de Estados Unidos (Trump) mandó a cerrar la investigación. Eso fue antes de que el presidente tomó posesión. Igualmente, la fiscal general de Estados Unidos no era Pam Bondi. Hay muchas cosas que ‘doesn’t make sense’ (no hacen sentido)”.
El superintendente recordó que en diciembre de 2024 la fiscalía federal presentó cargos contra 34 personas vinculadas al Grupo 31, conocido como “Los Tiburones”, acusadas de distribuir drogas en casi todas las cárceles del país utilizando principalmente drones.
Consultado por El Nuevo Día sobre si el FBI recibió algún referido sobre un esquema de votos ligado a esa organización criminal, González Falcón se limitó a señalar que no podía ofrecer detalles porque el caso irá a juicio en diciembre. “Pero, si hubo alegaciones de corrupción, te garantizo que se investigaron y cualquier evidencia que se tenía se sometió. En el caso de corrupción, hay diferentes niveles de permisos que se deben obtener. El proceso siempre ha corrido de la manera correcta”, reiteró.
El funcionario no precisó si hubo coordinación directa con la DEA, pero insistió en que los procesos federales se manejaron conforme a los protocolos establecidos.
