El representante José “Cheíto” Hernández aceptó este martes la instrucción del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, de detener la investigación legislativa sobre los centros de inspección de vehículos. No obstante, expresó su desacuerdo y advirtió que la labor realizada no se perderá, pues planea presentar un informe final con recomendaciones y posibles referidos.
Hernández, quien preside la Comisión de Transportación, señaló que, aunque acatará la decisión, considera esencial continuar con el trámite investigativo, que podría quedar paralizado hasta por seis meses. “No estoy de acuerdo con esta decisión del señor presidente y se lo verbalicé a él. Creo que tenemos la obligación de trabajar estos procesos de manera clara”, reiteró.
Según Méndez, seguir con las pesquisas amparadas en la Resolución de la Cámara 352 podría afectar “irremediablemente” los procesos penales que llevan el Departamento de Justicia y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). Argumentó que continuar podría adelantar pruebas o alertar a posibles imputados.
Sin embargo, Hernández opinó lo contrario. “Debimos continuar con la investigación. Vamos a esperar que las investigaciones culminen, por orden del presidente, y luego terminaremos nuestra investigación”, dijo, al catalogar la decisión como “unilateral”. Añadió que impulsará legislación para corregir deficiencias detectadas y pedirá cambios al reglamento del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
La Oficina del PFEI designó recientemente a las fiscales Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández para investigar a la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, tras denuncias sobre presuntas irregularidades en un centro de inspección en Yabucoa. Mientras, el exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP, Arturo Deliz Vélez, también enfrenta una pesquisa del Departamento de Justicia, según confirmó su secretaria, Lourdes Gómez Torres.
La Ley de la Oficina del PFEI concede 90 días para completar una investigación, con la posibilidad de extender el término a 180 días por su complejidad.
Hernández negó que la directriz de Méndez buscara proteger a alguna persona o que respondiera a presiones desde La Fortaleza. “Yo estoy seguro que el presidente no va a querer tapar a nadie. Él quiere cuidar los procesos. Yo entiendo su posición, aunque no estoy de acuerdo”, sostuvo.
El representante José “Conny” Varela, autor de la resolución, criticó la decisión, asegurando que la Rama Legislativa tiene facultades constitucionales para continuar la investigación. “No hay razón justificada en derecho para cancelarla. No sabemos a quién beneficia la paralización”, manifestó.
Varela advirtió que la medida podría afectar la confianza del pueblo en la Asamblea Legislativa y cuestionó el momento del anuncio. “¿Por qué no paralizó las vistas cuando refirieron el caso al FEI o cuando designaron a las fiscales?”, preguntó.
Previo a la orden de Méndez, la comisión se preparaba para recibir este miércoles a Deliz Vélez y a los secretarios del DTOP y Hacienda, Edwin González Montalvo y Ángel Pantoja, además de los administradores de Yabucoa Auto Services.
