La gobernadora Jenniffer González firmó la “Ley de Reflexión y Meditación”, una medida que autoriza a los empleados públicos a tomar hasta cinco minutos diarios de reflexión voluntaria al inicio de su jornada laboral. La nueva legislación, producto del Proyecto del Senado 927 —también identificado como medida de administración 150—, fue presentada el 12 de enero por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en representación de González.
Esta ley se desarrolló como alternativa al Proyecto de la Cámara 93, presentado por el representante del Distrito 14 de Arecibo y Hatillo, Edgar Robles Rivera, el cual fue vetado por la primera ejecutiva en una versión anterior. La nueva versión garantiza, según el legislador, que el periodo de reflexión sea completamente voluntario, neutral y libre de promoción política o religiosa.
“Hoy se concreta un paso importante a favor del bienestar de nuestros servidores públicos. Agradecemos a la gobernadora Jenniffer González Colón por estampar su firma y convertir en ley una iniciativa que busca mejorar el ambiente laboral en el Gobierno de Puerto Rico y, a su vez, el servicio que recibe nuestra gente”, expresó Robles Rivera en declaraciones escritas.
El representante explicó que en un inicio la medida fue vetada porque se consideró inapropiado imponer por ley una práctica de carácter individual. Sin embargo, tras revisiones, se logró un balance que mantiene su carácter estrictamente voluntario.
“El camino puede ser distinto, pero lo importante es que llegamos a donde había que llegar. Hoy tenemos una ley que respeta la libertad de cada empleado y, al mismo tiempo, promueve su bienestar”, expresó Robles Rivera.
El legislador destacó que este espacio ayudará a mejorar la concentración y el rendimiento de los empleados públicos. “Todos sabemos que cuando uno llega al trabajo cargado, desenfocado o con preocupaciones, el rendimiento no es el mismo. Darle ese espacio breve a la mente ayuda a reenfocarse, y al final del día eso se traduce en un mejor servicio al ciudadano”, afirmó.
Finalmente, Robles Rivera subrayó que “lo importante aquí es que se logró un balance. Se protege la libertad de cada empleado, mientras se abre la puerta a una práctica que puede marcar una diferencia positiva en el ambiente laboral del gobierno”.
