El gobierno del presidente Donald Trump argumentó ante un tribunal federal que la construcción de un nuevo salón de fiestas en la Casa Blanca debe continuar por razones de seguridad nacional. En su presentación, sostuvo que el grupo National Trust for Historic Preservation, que intenta detener el proyecto, carece de base legal para su demanda.
La organización presentó una moción el pasado viernes solicitando que se suspenda la obra hasta que se realicen revisiones independientes, un proceso de comentarios públicos y se obtenga la aprobación del Congreso. En respuesta, el gobierno incluyó una declaración de Matthew C. Quinn, subdirector del Servicio Secreto de Estados Unidos, quien aseguró que es necesario realizar más trabajos en el área donde se encontraba el Ala Este para cumplir con los requisitos de seguridad presidencial.
Aunque el documento de 36 páginas no detalla las preocupaciones específicas de seguridad, el gobierno indicó que compartirá información clasificada con el juez en una reunión privada. Según se recordó, el Ala Este se situaba sobre un búnker de operaciones de emergencia para el presidente.
Quinn advirtió que detener las obras “obstaculizaría” la capacidad del Servicio Secreto para cumplir su misión. La audiencia sobre el caso fue citada para este martes en Washington.
El gobierno también explicó que los planes del salón aún no están finalizados, aunque ya comenzaron los trabajos de demolición subterránea. Según John Stanwich, enlace del Servicio de Parques con la Casa Blanca, los cimientos se comenzarán a trabajar en enero y las obras sobre el nivel del suelo iniciarán, como pronto, en abril de 2026.
El proyecto, impulsado directamente por Trump, contempla una estructura de unos 8,300 metros cuadrados y un costo aproximado de 300 millones de dólares. El mandatario sostiene que el nuevo espacio resolverá la necesidad de un salón más amplio para actividades oficiales y eliminará el uso de pabellones temporales para recibir dignatarios.
En su demanda, el National Trust for Historic Preservation insiste en que ningún presidente puede intervenir en partes de la Casa Blanca sin una revisión pública, y que este proyecto debería haber sido evaluado por la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, la Comisión de Bellas Artes y el Congreso. Afirman haber enviado cartas en octubre a varias agencias federales sin recibir respuesta.
El Departamento de Justicia respondió que la demolición del Ala Este ya es irreversible y que los reclamos sobre la futura construcción son prematuros. Además, el gobierno sostiene que el presidente tiene la autoridad para modificar la Mansión Ejecutiva, citando precedentes históricos de cambios en más de dos siglos.
El caso ha despertado críticas de sectores de preservación histórica y opositores políticos, quienes advierten que el nuevo salón duplicaría el tamaño original de la Casa Blanca. Sin embargo, el gobierno mantiene que el proyecto responde a una necesidad identificada desde el año 2000 por el propio Servicio de Parques Nacionales para adecuar el recinto presidencial al volumen actual de eventos y visitantes.
