SAN JUAN, Puerto Rico — Los incentivos fiscales que Puerto Rico ofrece desde hace más de una década a inversionistas estadounidenses están bajo escrutinio tras un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) publicado el viernes. El documento plantea que las exenciones podrían alcanzar cientos de millones de dólares al año y exhorta al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a fortalecer su supervisión, al advertir que algunos beneficiarios podrían estar evadiendo sus obligaciones federales.
El informe fue solicitado en julio de 2023 por los demócratas de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, quienes alegaron que los incentivos podrían “crear un paraíso fiscal injusto para los ultrarricos” sin beneficiar a la población local. El congresista Jared Huffman, demócrata de California, criticó la falta de fiscalización tras los recortes al IRS durante la administración del presidente Donald Trump, señalando que apenas queda personal para verificar si los beneficiarios cumplen con los requisitos de residencia.
Según la auditoría, realizada entre diciembre de 2023 y este mes, Puerto Rico ha concedido más de 5,800 decretos a inversionistas residentes y cerca de 3,900 a negocios de servicios de exportación desde 2012. La mayoría de los inversionistas proviene de California, seguidos por Florida, Nueva York y Texas.
El IRS inició en 2021 una campaña para atender posibles evasiones fiscales, pero la GAO encontró que la falta de prioridad y comunicación con las autoridades locales ha limitado los resultados. Además, hasta este año la agencia federal no contaba con datos completos sobre los beneficiarios. En agosto de 2023, funcionarios puertorriqueños identificaron 179 contribuyentes que no pudieron probar su residencia, aunque un funcionario del IRS decidió no darles prioridad.
La congresista Alexandria Ocasio-Cortez sostuvo que esas exenciones “aumentan la desigualdad en la isla” y desvían fondos que deberían financiar programas federales como el Seguro Social y Medicare. La GAO añadió que en 2024 el Comité de Finanzas del Senado inició una investigación independiente sobre el tema. El IRS aseguró que acoge las recomendaciones y ya trabaja con el Tesoro puertorriqueño para obtener datos anuales.
Los incentivos, creados por el exgobernador Luis Fortuño en 2012, se limitan a inversionistas que se mudan a la isla y cumplen ciertos requisitos. Las leyes 20 y 22, conocidas respectivamente como la Ley de Servicios de Exportación y la Ley de Inversores Individuales, otorgan beneficios como una tasa contributiva de 4% y exenciones de 100% en dividendos, intereses y ganancias de capital. Sin embargo, críticos locales sostienen que dichas exenciones han exacerbado el costo de la vivienda en un país donde más de 40% vive bajo el nivel de pobreza.
Un estudio del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio reveló en 2019 que los programas generaron 36,200 empleos y $2,500 millones en inversiones. Otro informe de 2024 estimó que los beneficiarios habían fundado más de 1,000 negocios y pagado $200 millones en impuestos y donaciones, aunque el costo fiscal del programa fue de $184 millones. El Departamento de Hacienda calcula que entre 2020 y 2026 el gobierno dejará de ingresar aproximadamente $6,200 millones debido a ambos incentivos.
Pese a ello, la GAO indicó que la economía puertorriqueña ha mostrado “poco o ningún crecimiento” desde la creación de los programas, aunque reconoció que factores como huracanes, terremotos y la pandemia también han afectado los indicadores. En respuesta a las críticas, el gobierno local ha endurecido los requisitos, incluyendo duplicar a $10,000 la donación anual obligatoria a entidades sin fines de lucro.
La investigación federal marca un nuevo capítulo en el debate sobre el impacto real de estos incentivos en la economía de Puerto Rico y su relación con la equidad fiscal en Estados Unidos.
