RÍO PIEDRAS – La huelga en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) comenzó a las 4:30 a.m. del lunes con el cierre de portones por parte de estudiantes que reclaman más recursos económicos y la renuncia de la presidenta Zayira Jordán Conde.
La acción siguió a un paro de 72 horas decretado por asamblea estudiantil la semana anterior, que culminó el viernes y dio paso a una huelga indefinida. En la mañana del lunes, El Nuevo Día constató grupos de estudiantes en los portones principales del campus, en un ambiente de protesta pacífica.
Mariana Rodríguez Seguí, portavoz del movimiento y estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho, explicó que el reclamo central es garantizar la estabilidad del financiamiento universitario. “Lo ideal sería que se descongele y se garantice el 9.6% del Fondo General para la UPR”, señaló, además de denunciar el encarecimiento de los créditos, la falta de mantenimiento en la infraestructura y la necesidad de una reforma universitaria participativa.
Rodríguez Seguí atribuyó al plan fiscal vigente un déficit proyectado de más de $427 millones para el año fiscal 2026-2027. “Eso demuestra que el plan no funciona”, afirmó. Añadió que, aunque Jordán Conde renuncie, continuarán en huelga porque —dijo— “lo que necesitamos es que quienes dirigen la universidad la defiendan”.
En entrevista con el programa radial “Primer Round” (Magic 97.3 FM), la presidenta de la UPR expresó que esperaba que las exigencias para su salida no estuvieran motivadas por su ideología política. “Vi representación de partidos políticos”, dijo. Sin embargo, Rodríguez Seguí respondió que la huelga “no se trata de una guerra política, sino de una lucha por la educación pública”.
La líder estudiantil recordó que Jordán Conde estuvo vinculada al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), pero subrayó que “ahora gozó de la confianza de la Junta de Gobierno que la nombró en esa posición”. También rechazó declaraciones de la presidenta que calificaron la huelga como un “capricho”. “La comunidad se va incorporando”, sostuvo Rodríguez Seguí.
El profesor de inglés James Conlan acudió al portón principal para cuestionar la legalidad del cierre. Argumentó que se trata de una “interrupción de clases mediante cierre de portones” y que podría constituir una acción ilegal según la legislación vigente en Puerto Rico y Estados Unidos. Añadió que, según el National Labor Relations Act, el derecho a la huelga aplica a trabajadores en procesos de negociación colectiva, no a estudiantes.
Conlan calificó los cierres como un “estorbo público” y recordó órdenes judiciales emitidas tras la huelga de 2017 que, a su entender, exigen garantizar el acceso al recinto. “Esto no ayuda a resolver nada, salvo poner la universidad en contra de la ley y poner en riesgo la elegibilidad de los estudiantes ante el Departamento de Educación”, advirtió.
Rodríguez Seguí replicó señalando que Conlan tiene un historial de confrontaciones en protestas previas, como las huelgas de 2010 y 2017, en las que protagonizó incidentes con alumnos.
La cobertura fue realizada por Itzel Rivera, con colaboración de la periodista Keila López.
