Nueva York presentó una demanda para impugnar la decisión del Departamento de Transporte federal de retener casi $74 millones en fondos destinados a carreteras. Según la agencia, el estado no revocó cerca de 33,000 licencias comerciales de conducir otorgadas a inmigrantes tras detectar irregularidades en una auditoría.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha impulsado un endurecimiento en las normas que determinan qué inmigrantes pueden obtener licencias comerciales, sumando a Nueva York a una disputa que ya incluye a California. El Departamento federal indicó que en más de la mitad de las 200 licencias revisadas encontró errores, como documentos válidos más tiempo del permitido por la visa del titular.
El caso ganó atención luego de un accidente en Florida, en agosto, en el que un camionero con una licencia cuestionable causó un choque mortal. En medio de las nuevas medidas, California perdió $200 millones por no corregir deficiencias similares, y otros estados como Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte han sido advertidos de posibles recortes.
La fiscal general Letitia James argumentó que el estado cumplió las regulaciones vigentes cuando emitió las licencias y calificó de injusta la retención de fondos. “Al cancelar estos fondos, el gobierno federal está poniendo en riesgo empleos y comunidades. No permitiremos que el presidente ponga en peligro la seguridad de nuestras comunidades”, declaró.
La gobernadora Kathy Hochul calificó la decisión como “represalia política” y recordó que auditorías de la administración Trump validaron el cumplimiento normativo de Nueva York. “Quitar dinero que se destina a mejoras críticas de seguridad en nuestras carreteras es temerario e ilegal”, expresó.
El esfuerzo federal forma parte de una campaña más amplia para elevar la seguridad en la industria camionera, que incluye el cierre de escuelas de conducción cuestionables y acciones contra empresas reincidentes. Duffy también ha insistido en aplicar las normas que exigen a los camioneros hablar inglés con fluidez, argumentando que es esencial para responder ante accidentes o controles de tránsito.
Los grupos de transporte respaldan las medidas, señalando que demasiados conductores no calificados han obtenido licencias, lo que pone en riesgo la seguridad y presiona los salarios. No obstante, organizaciones de inmigrantes alegan que los conductores extranjeros son señalados injustamente, especialmente los sijs, tras accidentes que involucraron a miembros de esa comunidad.
Actualmente, solo los titulares de visas H‑2a, H‑2b y E‑2 podrán solicitar licencias comerciales bajo las nuevas reglas. Estas categorías aplican a trabajadores agrícolas o no agrícolas temporales y a inversionistas extranjeros con negocios sustanciales en Estados Unidos.
