Poco antes de que iniciara el segundo Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora Jenniffer González, decenas de manifestantes se congregaron frente a las escalinatas del lado sur del Capitolio, bajo un fuerte dispositivo policíaco. Los presentes protestaron en reclamo de mantener el mecanismo independiente que fija el salario mínimo, garantizar mejores condiciones laborales, proteger las pensiones y detener medidas que, según ellos, afectan al ambiente.
Mientras tanto, en el lado norte del edificio, empleados públicos de distintas agencias y simpatizantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) celebraban frente a una tarima las “obras” de la administración y aguardaban el discurso de la primera ejecutiva, así como un anticipado encuentro con el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, con quien ha sostenido controversias públicas.
“Las medidas de seguridad que estamos viendo son injustas y atentan contra el derecho a la libertad de expresión”, expresó Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores. Añadió que “quienes mejor describen el estado de situación son los trabajadores y el pueblo, que enfrentan inflación, aumento en los costos esenciales, un servicio energético deficiente y el alza en la gasolina”.
Diversos sindicatos y grupos de jubilados mostraron pancartas en defensa de las pensiones y corearon consignas como: “El pueblo consiente ni se rinde ni se vende”. Entre sus críticas principales figuró el Proyecto de la Cámara 1115, impulsado por el representante Roberto López Román, que traspasaría a la Legislatura la facultad de fijar el salario mínimo, desplazando a la comisión evaluadora que actualmente lo maneja.
“Eliminar esa comisión afectaría a toda una generación de trabajadores. El salario de 240,000 empleados depende de esas decisiones, y la gobernadora usa los aumentos a la Policía con fines políticos”, denunció Rafael González Alvarado, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Licorera de Ponce.
Por su parte, Vanessa Uriarte, codirectora de Amigxs del Mar, advirtió sobre las implicaciones ambientales de la Ley 82-2026, firmada por González, que impone el pago de una fianza mínima del 10% del valor del proyecto para paralizar permisos en los tribunales. “Han sido una telaraña de medidas en contra de nuestras comunidades y su derecho a permanecer”, dijo. “Desde Fortaleza y la Legislatura se impulsan iniciativas que eliminan protecciones y limitan la participación ciudadana ante la privatización y destrucción de áreas naturales”.
Los manifestantes también rechazaron los intentos de redefinir la zona marítimo terrestre dentro de la reforma de permisos. En contraste, en la tarima del lado norte, los seguidores gubernamentales coreaban consignas de apoyo a la gestión de la mandataria.
Poco después de las 5:00 p.m., la gobernadora Jenniffer González llegó al Capitolio acompañada del primer caballero, José Yovín Vargas, para ofrecer su esperado mensaje sobre la situación del país ante un público dividido entre el aplauso y la protesta.
