Jerusalén – El Parlamento israelí discute un proyecto de ley que convertiría la pena de muerte en el castigo automático para palestinos de Cisjordania condenados por asesinar a israelíes.
El debate comenzó el lunes, poco antes del receso legislativo de primavera. La propuesta, promovida por la extrema derecha, sería una victoria política para el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, líder del partido religioso que presentó la medida. Ben-Gvir ha defendido la iniciativa luciendo una pequeña soga en la solapa como símbolo de apoyo y declaró que “con la ayuda de Dios, aplicaremos plenamente esta ley y mataremos a nuestros enemigos”, calificándola como “la ley más importante” aprobada en años. Su partido es un pilar de la coalición de gobierno encabezada por el primer ministro Benjamin Netanyahu.
Los detractores —entre ellos grupos israelíes y palestinos, organismos internacionales de derechos humanos y las Naciones Unidas— califican la medida de racista y discriminatoria. Argumentan que solo se aplicaría a palestinos condenados por matar a ciudadanos judíos israelíes, creando un doble sistema judicial.
El texto ordena a los tribunales militares, que juzgan únicamente a palestinos de Cisjordania, imponer la pena capital por asesinatos considerados actos de terrorismo. Solo en “circunstancias especiales” se podría sustituir por cadena perpetua. En los tribunales civiles israelíes, que juzgan también a ciudadanos palestinos de Israel, el castigo podrá ser cadena perpetua o muerte cuando el crimen busque “rechazar la existencia del Estado de Israel”.
Amichai Cohen, investigador del Instituto Israelí para la Democracia, advirtió que la medida es discriminatoria y que, según el derecho internacional, el Parlamento israelí no debería legislar sobre Cisjordania, territorio que no forma parte de la soberanía de Israel. El abogado de la Comisión de Seguridad Nacional señaló que el proyecto no contempla indultos, lo que violaría convenios internacionales, y fija que las ejecuciones se realicen dentro de 90 días tras la sentencia.
Pese a que la ley israelí ya permite la pena de muerte para delitos graves como genocidio, espionaje en tiempos de guerra o terrorismo, el país no ha ejecutado a nadie desde Adolf Eichmann en 1962. Se estima que, de aprobarse, la nueva norma entraría en vigor en 30 días, aunque grupos defensores de derechos humanos planean impugnarla ante el Tribunal Supremo.
El proyecto no tendría carácter retroactivo y no afectaría a los militantes detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, algunos legisladores opositores expresaron preocupación de que la medida complique futuras negociaciones sobre rehenes, recordando que Israel intercambió cerca de 250 cautivos por miles de prisioneros palestinos.
La discusión se da en un ambiente político polarizado y con crecientes tensiones en Cisjordania, mientras parte de la coalición de Netanyahu sigue promoviendo la anexión total de ese territorio a Israel.
