El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para asumir la posesión legal de un petrolero sancionado y de casi dos millones de barriles de crudo incautados frente a la costa de Venezuela en diciembre.
Según el reporte, esta acción representa un nuevo paso del gobierno del presidente Donald Trump para consolidar su influencia sobre el sector petrolero venezolano tras la captura del mandatario Nicolás Maduro.
Se trata de la primera demanda interpuesta por Estados Unidos para iniciar el proceso legal que le permitiría asumir formalmente el control de uno de al menos diez petroleros interceptados por autoridades estadounidenses desde finales del año pasado. Washington acusa a Venezuela de usar una flota de embarcaciones con banderas falsificadas para contrabandear petróleo ilícito al mercado internacional.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar en secreto a regímenes que representan amenazas claras para Estados Unidos ha terminado”, expresó la secretaria de Justicia Pam Bondi. “Este Departamento de Justicia desplegará toda la autoridad legal a nuestro alcance para desmantelar y cerrar permanentemente cualquier operación que desafíe nuestras leyes y alimente el caos en el mundo”, añadió.
La incautación del petrolero Skipper en diciembre fue la primera de una serie de medidas impulsadas por el gobierno republicano, que busca reducir el acceso de Maduro a los ingresos del petróleo, fuente esencial de la economía venezolana. Maduro calificó la acción como un “acto de piratería internacional”. Posteriormente fue arrestado por Estados Unidos y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Se declaró no culpable y se reafirmó como “el presidente de mi país”.
Tras su derrocamiento, varias embarcaciones huyeron de la costa venezolana, y fuerzas estadounidenses han seguido e interceptado algunas hasta en el océano Índico. El gobierno de Trump afirma que busca controlar la producción, refinación y distribución global del petróleo venezolano, así como la supervisión de sus ingresos. Washington, además, ha comenzado a aliviar sanciones para permitir la participación de empresas extranjeras en un intento de reactivar la industria petrolera del país sudamericano.
Un juez federal en Washington deberá decidir si autoriza la solicitud del gobierno estadounidense para asumir la propiedad definitiva del buque Skipper y su carga, lo que permitiría la eventual venta del crudo. Las autoridades sostienen que el barco transportó petróleo iraní y venezolano en operaciones ilegales, utilizando banderas falsas y financiando a la Guardia Revolucionaria de Irán, considerada por Estados Unidos una organización terrorista extranjera.
“El retiro de este petrolero fantasma de los mares es resultado de los esfuerzos coordinados entre nuestros fiscales y las agencias de orden público”, declaró A. Tysen Duva, secretario adjunto de Justicia y jefe de la División Criminal del Departamento. “Las acciones de hoy son un paso importante para hacer que Estados Unidos y el mundo sean más seguros al interrumpir el flujo de millones de dólares hacia organizaciones terroristas extranjeras”, concluyó.
