Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva para pagar a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), luego de que un acuerdo similar fracasara en el Congreso. La medida busca aliviar las largas filas en los aeropuertos tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se extiende por más de 40 días.
“El sistema de viajes aéreos de Estados Unidos ha llegado a su punto de quiebre”, señaló Trump en el memorando oficial. “He determinado que estas circunstancias constituyen una situación de emergencia que compromete la seguridad de la nación”. El mandatario afirmó que se utilizarán fondos vinculados a las operaciones de la TSA para cubrir los pagos.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que los trabajadores “deberán recibir cheques de pago a partir del lunes”. Un alto funcionario explicó que el dinero proviene del proyecto de recortes fiscales que Trump firmó el año pasado y lo comparó con medidas aplicadas en cierres anteriores para pagar a militares.
La decisión presidencial se produjo tras el rechazo de los republicanos de la Cámara de Representantes a un proyecto aprobado por el Senado para financiar parte del DHS. El presidente de la Cámara baja, Mike Johnson, calificó el movimiento del Senado como “una broma” y adelantó que su partido promoverá una resolución que mantendría el nivel actual de financiación hasta el 22 de mayo. Johnson aseguró que Trump respalda esa estrategia.
El desacuerdo dejó al DHS parcialmente paralizado, afectando a miles de empleados y causando retrasos en aeropuertos donde el ausentismo de trabajadores de la TSA supera el 40%. Algunos aeropuertos reportaron más de tres mil ausencias diarias, y más de 500 agentes han renunciado.
Mientras, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió que el plan de la Cámara de Representantes está “muerto al llegar al Senado”, prolongando la crisis. Schumer acusó a los republicanos de negarse a reformar las políticas migratorias pese a los reclamos de su partido para frenar redadas cerca de escuelas e iglesias y exigir mayor supervisión judicial en las acciones del ICE y la Patrulla Fronteriza.
Trump, por su parte, había advertido que estaba dispuesto a actuar por su cuenta, incluso con el uso de la Guardia Nacional en los aeropuertos. Finalmente, decidió no declarar una emergencia nacional, sino utilizar fondos del plan fiscal de 2025 para pagar a los agentes de la TSA.
Sindicalistas como Everett Kelley, de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, celebraron la orden pero urgieron al Congreso a aprobar un acuerdo que devuelva la estabilidad a todas las agencias del DHS.
El prolongado bloqueo legislativo amenazaba con agravar el caos aéreo y la fatiga laboral de miles de empleados federales, mientras los pasajeros enfrentaban esperas de varias horas. “Debería haber manejado”, dijo una viajera en Houston tras perder su vuelo por las demoras.
El estancamiento político mantiene incierta la duración del cierre y la posibilidad de que las agencias afectadas recuperen pronto su operación normal.
