La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha expresado su oposición a la extensión del período de exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para compras escolares, el cual actualmente cubre solo cuatro días. En una carta enviada el 13 de julio a la gobernadora Jenniffer González, el director ejecutivo Robert Mujica instó a la mandataria a no firmar el Proyecto de la Cámara 272, que busca ampliar este período a 14 días al año. Mujica argumentó que tal medida podría resultar en una reducción significativa de los ingresos, estimando un impacto negativo de aproximadamente $3.4 millones anuales sobre el Fondo General y los municipios, lo que se traduce en alrededor de $16.7 millones en los próximos cinco años fiscales.
Consecuencias de la propuesta
La propuesta de extender los días sin IVU ha sido justificada por algunos legisladores y ciudadanos como una necesidad para apoyar a las familias trabajadoras que organizan sus compras en función de sus horarios laborales. Según Mujica, el término actual de exención es insuficiente para muchas familias. Sin embargo, la JSF ha catalogado esta iniciativa como "problemática" y ha recordado que cualquier cambio debe ser compatible con el Plan Fiscal de Puerto Rico y la ley Promesa.
"El PC 272, como está redactado, es incompatible con el Plan Fiscal y la ley Promesa. Ante esto, le instamos a no firmar la medida y, en su lugar, a dialogar con la Legislatura para identificar fuentes recurrentes de fondos o ahorros que permitan su implantación", expresó Mujica en la carta. Esta postura refleja una vez más la tensión existente entre las necesidades inmediatas de los ciudadanos y las restricciones impuestas por la Junta Fiscal.
Días sin IVU programados
A pesar de la oposición de la Junta, el Departamento de Hacienda ha confirmado que los días exentos del pago de IVU para el año escolar 2026-2027 se llevarán a cabo el fin de semana del 17 y 18 de julio. Este período incluirá la medianoche del viernes 17 hasta las 11:59 p.m. del sábado 18, permitiendo compras de uniformes y materiales escolares sin el impuesto correspondiente. La exención es vista como un alivio para muchas familias que se preparan para el regreso a clases, aunque el debate sobre su viabilidad económica continúa.
La controversia en torno a esta ley resalta la complicada situación fiscal de Puerto Rico, donde cada decisión sobre impuestos y recaudación tiene repercusiones significativas en el ya ajustado presupuesto del Gobierno. Con la presión de la JSF y las necesidades de la población, el futuro de esta medida sigue siendo incierto, mientras se espera que la gobernadora González tome una decisión al respecto en los próximos días.
Fuentes: El Vocero, Metro Puerto Rico, eyboricua.com
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