La Fortaleza ha rechazado categóricamente las afirmaciones de que el Departamento de la Familia haya retirado poderes de fiscalización a la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada. Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos, argumentó que la situación se enmarca dentro de un contexto legislativo y que la Procuraduría sigue siendo una entidad con su propia ley orgánica, la cual solo puede ser enmendada por la Asamblea Legislativa.
En una reciente declaración, Peña Payano destacó: "El Departamento de la Familia no es quien enmienda las leyes en Puerto Rico. La Procuraduría tiene una ley orgánica y las leyes orgánicas las enmienda la Asamblea Legislativa". Este comentario surge en medio de un clima de preocupación por la atención a los adultos mayores en la isla, especialmente tras la reciente intervención en el Hogar Casa Dorada, donde se encontró a una mujer de 86 años presuntamente maltratada.
El caso de la mujer encontrada en el Hogar Casa Dorada ha levantado serias alarmas. Según informes, se llevó a cabo una evaluación el 22 de septiembre de 2025, que resultó en la emisión de una resolución y orden administrativa para abordar los hallazgos encontrados. Esta situación pone de relieve la importancia de la fiscalización y el papel que juega la Procuraduría en la protección de los derechos de los ancianos en Puerto Rico.
A pesar de la preocupación por esta situación, Peña Payano aseguró que hasta la fecha no se ha recibido ninguna querella que haya resultado en multas o sanciones administrativas relacionadas con el manejo de casos por parte del Departamento de la Familia. "No se ha recibido ninguna querella que haya resultado en multas o sanciones administrativas", afirmó durante su intervención.
La polémica surge en un momento donde el enfoque en los derechos de las personas mayores es crucial. La Procuraduría ha estado alertando sobre un aumento en los fraudes contra adultos mayores, un fenómeno que se ha vuelto preocupante en la isla, según reportes de diversos medios. De hecho, el Departamento de la Familia ha sido criticado por su manejo de situaciones similares en el pasado, lo que ha llevado a un llamado a una mayor transparencia y responsabilidad en la protección de esta población vulnerable.
La situación en el Hogar Casa Dorada ha sido objeto de atención mediática, con reportes que destacan el hecho de que, tras la evaluación, se concluyó que el proceso relacionado con la única querella presentada había sido cerrado. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas de protección existentes y la necesidad de una supervisión más estricta por parte de la Procuraduría.
En conclusión, el debate sobre la fiscalización de la Procuraduría y el papel del Departamento de la Familia es más relevante que nunca, especialmente en un contexto donde la seguridad y el bienestar de los adultos mayores deben ser prioridades claras para el gobierno de Puerto Rico. Las autoridades deben actuar con diligencia para garantizar que se adopten las medidas necesarias para proteger a esta población vulnerable, mientras se mantiene una supervisión efectiva y responsable sobre las instituciones que brindan servicios a los mayores de edad en la isla.
Fuentes: El Vocero, esnoticiapr.com, eyboricua.com
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