La vicepresidenta venezolana y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha estado bajo la observación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) durante años. De acuerdo con documentos obtenidos por The Associated Press y confirmados por varios funcionarios estadounidenses, en 2022 fue identificada como un “objetivo prioritario”, una de las categorías más altas de investigación dentro de la agencia.
Los archivos indican que desde 2018 la DEA ha reunido información de inteligencia sobre Rodríguez, incluyendo presuntas conexiones con narcotráfico, contrabando de oro y lavado de dinero. Un informante afirmó en 2021 que utilizaba hoteles en la isla de Margarita como fachada para operaciones ilícitas. También fue vinculada a Alex Saab, empresario colombiano y aliado cercano de Nicolás Maduro, acusado en 2020 por lavado de dinero en Estados Unidos y liberado en 2023 tras un intercambio de prisioneros.
A pesar de estas sospechas, el gobierno estadounidense nunca ha presentado cargos formales contra Rodríguez. En el círculo de Maduro, ella no figura entre los funcionarios acusados por narcotráfico. No obstante, su nombre aparece en varias investigaciones abiertas de la DEA en distintos países y ciudades de Estados Unidos, desde Quito y Asunción hasta Nueva York y Phoenix.
Kurt Lunkenheimer, exfiscal federal en Miami, explicó que el estatus de “objetivo prioritario” no implica necesariamente que existan pruebas suficientes para un juicio, pero sí refleja un interés elevado debido a su posición política. Tres agentes de la DEA, actuales y retirados, confirmaron a AP que la vigilancia sobre Rodríguez se intensificó durante su gestión como vicepresidenta.
El interés de Washington hacia Rodríguez se da en medio de los intentos del presidente Donald Trump por convertirla en aliada de Estados Unidos en la etapa posterior a la captura de Maduro. Sin embargo, el Departamento de Estado y la Casa Blanca no comentaron sobre la confianza del mandatario hacia ella. Trump la describió como una “persona increíble” y mantuvo comunicación cercana con figuras como Marco Rubio, secretario de Estado.
Expertos como Steve Dudley, de InSight Crime, y Rob Zachariasiewicz, exagente de la DEA, sostienen que el liderazgo venezolano opera dentro de un sistema “híbrido criminal”, donde el acceso al poder implica connivencia con actividades ilegales. La opositora María Corina Machado coincidió en que “el sistema de justicia estadounidense tiene suficiente información sobre ella”.
Rodríguez, de 56 años, se ha mantenido leal a Maduro. En el pasado fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia en Venezuela. Según registros, empresas vinculadas al entorno de su pareja, Yussef Nassif, recibieron más de 650 millones de dólares en contratos gubernamentales entre 2017 y 2019.
El seguimiento de la DEA subraya el papel que la agencia asigna a Rodríguez dentro de la red de poder venezolana. Analistas como David Smilde, de la Universidad de Tulane, consideran que su posición la coloca en una situación de vulnerabilidad frente a Washington, que podría utilizar la amenaza de investigaciones como herramienta de presión política.
