Grupos ambientalistas denunciaron que funcionarios federales y estatales retuvieron evidencia que mostraba que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había acordado reembolsar a Florida parte de los costos de construcción del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alcatraz de los caimanes”. Los activistas exigen el cierre de esta instalación ubicada en el parque nacional de los Everglades.
El lugar se mantiene en operaciones y alberga detenidos, luego de que en septiembre un tribunal de apelaciones aceptara los argumentos de Florida y del gobierno del presidente Donald Trump, quienes alegaron que el estado aún no había pedido reembolso federal y, por tanto, no estaba obligado a cumplir con la ley ambiental federal.
No obstante, los activistas presentaron nuevos documentos —correos electrónicos y registros obtenidos mediante solicitudes públicas— que revelan que los funcionarios discutieron el reembolso en junio. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) confirmó en agosto haber recibido una solicitud de subvención estatal, y en septiembre aprobó fondos federales por $608 millones para apoyar la construcción y operación del centro.
“Ahora sabemos que el gobierno federal y el estatal tenían registros que confirmaban que colaboraron estrechamente en esta instalación desde el principio, pero no los dieron a conocer al tribunal de distrito”, afirmó la abogada Tania Galloni, representante de los grupos ambientalistas.
Un panel de apelaciones en Atlanta había suspendido temporalmente el fallo de un juez inferior que ordenaba cerrar el centro. Los grupos Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity pidieron que la nueva evidencia sea considerada mientras se decide el futuro de la instalación.
En agosto, un juez federal en Miami había ordenado reducir las operaciones del centro durante dos meses por la falta de un análisis ambiental requerido por ley, concluyendo que ya existía una decisión de reembolso.
El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, que lideró la construcción de la instalación, no respondió a solicitudes de comentario. Florida ha impulsado otras iniciativas similares para apoyar la política migratoria de Trump, incluyendo centros en el noreste y planes para otro en el noroeste del estado.
La querella ambientalista forma parte de tres demandas federales contra la instalación. En las otras, detenidos alegan que las agencias estatales y contratistas privados carecen de autoridad legal para operar el centro y solicitan garantías de acceso a comunicaciones confidenciales con sus abogados.
