Nueva York — El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos fueron acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas, según una acusación federal revelada este miércoles en Nueva York. Las autoridades estadounidenses los señalan de haber facilitado la importación masiva de drogas ilícitas a Estados Unidos. Ninguno de los acusados se encuentra detenido.
De acuerdo con los documentos judiciales presentados en un tribunal federal de Manhattan, los acusados son miembros o exmiembros del Gobierno y de las fuerzas de seguridad de Sinaloa. La acusación alega que actuaron en coordinación con la facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos.
Las autoridades sostienen que los acusados desempeñaron papeles clave en el transporte de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia territorio estadounidense. El fiscal federal Jay Clayton calificó al cártel de Sinaloa como una “organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad de drogas peligrosas durante décadas”. Añadió que los narcotraficantes “no operarían con la misma libertad o éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su nómina”.
Entre los señalados figuran el gobernador Rocha, el alcalde de la capital de Sinaloa y un senador, quienes estarían afiliados al partido Morena, que encabeza la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Otros implicados ocuparon cargos sin afiliación partidista. La oficina del gobernador de Sinaloa no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.
Las acusaciones surgen tras declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, quien adelantó que su país lanzaría una campaña anticorrupción enfocada en funcionarios presuntamente vinculados al crimen organizado. “La corrupción no sólo obstaculiza el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”, dijo Johnson.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no ha visto “ninguna prueba” de las acusaciones de corrupción. “Cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México debe tener pruebas revisadas por la Procuraduría”, señaló.
